MONOGRAFIA_18_Discapacidad

el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad:
una ambición con futuro
mente de hechos corrientes, y también de hitos, que nos han traído hasta este
momento, en el que parece que se registra un punto de inflexión por el decisivo
cambio de enfoque en la mirada sobre la discapacidad, representado en particular
por la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas
con discapacidad, así como por el extendido reconocimiento social sustentado en
la actividad de las asociaciones y en la representación del sector.
2. De la invisibilidad a los derechos
Todo nuestro futuro descansa en nuestra historia y es condicionado por ella.
Del mismo modo, en relación con la discapacidad, tanto las reflexiones sobre la
situación actual como la prospectiva, incluidas las conjeturas, han de contar con
que las raíces del presente se encuentran en el pasado.
El camino que ha llevado a la discapacidad desde la caridad hasta el reconocimiento
de derechos tiene representación en las políticas públicas seguidas
a lo largo de los años, influidas en cada momento por el modo de entender la
discapacidad, por la lenta pero razonable evolución social y por las demandas
del propio sector, sobre todo en los últimos tiempos. Ninguno de estos vectores
ha actuado autónomamente, sino que todos a la vez han intervenido en constante
interrelación.
En el comienzo de la preocupación del Estado por la atención social, la discapacidad
formaba parte de un grupo heterogéneo más grande (pobres, ancianos,
enfermos,…) del que no se diferenciaba expresamente; era un colectivo todavía
indefinido en su composición y en sus límites, presente pero invisible, al que no
se prestaba una atención específica, del que se prescindía puesto que nada podía
aportar a la sociedad. Podríamos afirmar que la preocupación pública por el conjunto
de los colectivos excluidos cumple ahora dos siglos, pues es precisamente
en la Constitución de 1812 donde se sitúan en los ayuntamientos obligaciones
respecto a los “establecimientos de beneficencia”. Naturalmente que antes de esa
fecha existían la beneficencia y la caridad, pero es a partir de ese momento cuando
se comienzan a concretar las obligaciones públicas en relación con las personas
desfavorecidas. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XIX la actividad
pública en este terreno se ocupó apenas de regular el sistema de beneficencia,
para el que las aportaciones económicas del Estado fueron bastante escasas y
cuyo funcionamiento se apoyó principalmente en la labor de la Iglesia.
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