MONOGRAFIA_18_Discapacidad

epílogo 2: la toma de decisiones y el consentimiento informado
Para que todas las personas formen sus decisiones, según señala la Convención
a la que nos estamos refiriendo en las letras h) e i) de su artículo 4, los
Estados firmantes deben: “h) Proporcionar información que sea accesible para
las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de
asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;” e “i) Promover la formación
de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad
respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.” Comprometiéndose
los Estados partes a la sensibilización y formación, asistencia y apoyo a
los profesionales. Esta obra responde a la necesidad de sensibilización del ámbito
de la salud y del ámbito jurídico.
Y, al igual que el artículo 12 nos exige -diría yo-, a los juristas a desarrollar
los sistemas de apoyo necesarios, el apoyo al otorgante, la Convención no
exige de ningún modo que el apoyo a la toma de decisiones venga precedido
de un nombramiento, ni deba recaer en algún tipo de cargo o institución. El
apoyo tiene que ayudar a formar la voluntad, sin desvirtuarla, sin suplantarla,
sin sustituirla, pero siendo eficaz. Siempre que no se incurra en conflicto de
intereses, la persona que presta apoyo no tiene por qué ser neutral –será más
normal que esté de parte de la que tiene discapacidad–, ni debe temer a su
propia influencia; sin influencia tampoco hay apoyo, cuando de discapacidad
intelectual se trata.
Las necesidades de apoyo en el ámbito de la salud vienen derivadas de lo
dispuesto en el artículo número 25, que por su importancia vamos a recoger
íntegramente:
“Artículo 25. Salud: Los Estados Partes reconocen que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin
discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad
a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención
de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y cali-
dad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
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