MONOGRAFIA_18_Discapacidad

la discapacidad y la protección judicial de las personas con discapacidad:
el ministerio fiscal y sus atribuciones
Fiscal que actuará de oficio o a instancia de cualquier interesado, pudiendo exigir
del tutor que le informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del
estado de la administración de la tutela). Estas funciones de protección se vieron
reforzadas en el ámbito patrimonial de las personas con discapacidad en la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, que confiere al Ministerio Público la supervisión
institucional del patrimonio protegido (artículos 3 a 7).
4. El Ministerio Fiscal desde la Convención de la ONU de 2006 sobre los
derechos de las personas con discapacidad
La entrada en vigor en nuestro ordenamiento jurídico el 23 de mayo de
2008 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad,
firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, ratificada por
España en 23 de noviembre de 2007 y publicada en el BOE el 21 de abril de
2008, nos obliga a todos a tomar nuevas posiciones, especialmente a quienes
participamos en la Administración de Justicia -en cualquier procedimiento que
afecte a una persona con discapacidad-, y especialmente en todos los procedimientos
relativos a la capacidad de las personas.
4.1. Compatibilidad de la Convención de la ONU con la Constitución Española
La fiscalía del Tribunal Supremo llegó a plantear a este alto tribunal –recurso
nº 1259/2006-, si desde un punto de vista normativo, la entrada en vigor
del la Convención en los términos vinculantes del artículo 96 de la Constitución
Española, introducía roces con esta norma fundamental. La respuesta
la dio el Tribunal Supremo en pleno, en la sentencia nº 282/2009 de 29 de
abril de 2009 de la que fue ponente la Excma. Encarnación Roca Trías: no se
produce roce alguno entre ambas normas ya que nuestra CE parte de la consideración
de las personas con discapacidad como titulares de los mismos derechos
fundamentales reconocidos a todas las personas, y como miembros de un
colectivo que requiere una especial protección para el disfrute de los mismos
(los artículos 10, 14 y 49 de la CE reconocen como derechos fundamentales,
la dignidad de la persona, el libre desarrollo de su personalidad, la necesaria
igualdad, y el deber de los poderes públicos de llevar a cabo políticas de integración
y protección).
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