MONOGRAFIA_18_Discapacidad

fernando abellán-garcía sánchez
discapacidad o a otros factores completamente ajenos), lo cierto es que mucho
antes de que se elaborara la Convención ya existían otros instrumentos legales
tanto internacionales como españoles donde el respeto a la autonomía del paciente,
fuera discapacitado o no, venía figurando entre los valores fundamentales a
preservar. Baste señalar, a título de ejemplo, el Convenio sobre derechos humanos
y biomedicina de 1997 (Convenio de Oviedo), del Consejo de Europa 3 , o, en
España, la Ley básica de autonomía del paciente de 2002 4 .
¿Cuál es entonces la novedad que se deriva de la Convención en esta materia?
El cambio más relevante está constituido por la apuesta abierta que se hace
a favor de un sistema de apoyos a las personas con discapacidad en detrimento
de un sistema de sustitución de la voluntad de estas últimas a través de la clásica
figura del representante 5 . Y esta variación se promueve apoyándose en dos
coordenadas básicas:
1ª. La proporcionalidad de los apoyos que se establezcan, en el sentido de
que tendrán que ser los apropiados, sin excederse, a las necesidades que
tenga la persona para el ejercicio pleno de sus derechos, lo que estará
relacionado con el tipo de discapacidad de que se trate -física, mental,
intelectual o sensorial- y el grado de afección de esta última en cada caso.
Se trata de salvaguardar al máximo posible la capacidad de obrar de la
persona con discapacidad para actos concretos, de manera que no se vaya
más allá de las ayudas imprescindibles y se evite siempre que sea posible
la sustitución de su voluntad.
3 Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a
las aplicaciones de la biología y la medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. La incorporación a la
normativa española se produjo a través de Instrumento de ratificación publicado en el BOE núm. 251, de 20
de octubre de 1999.
4 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE núm. 274 de 15 de noviembre de
2002). 5 El precepto clave en esta materia está constituido por el art. 12.4 de la Convención, donde se dice
que: “los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”.
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