MONOGRAFIA_18_Discapacidad

afael de lorenzo garcía
internacional, la Convención vino a sancionar algo, que si bien no ha concluido,
ya venía forjándose en nuestro país.
No obstante, y a pesar de existir una correspondencia aceptable entre la Convención
y el ordenamiento jurídico español preexistente a la misma, se viene
realizando una revisión de la normativa interna para lograr alcanzar el necesario
y deseable ajuste entre lo dispuesto por la Convención y lo regulado en nuestro
Derecho. En este sentido, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
da un paso relevante en la consecución de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de estas personas sin discriminación alguna.
Varios sectores de nuestro Derecho interno han sido reconsiderados a la luz
de la Convención y vienen siendo objeto de modificación legislativa para armonizarse
a los dictados de la misma. Uno de ellos, tiene que ver con los aspectos de
regulación bioética y del cuidado y atención a la salud, cuando atañen a personas
con discapacidad.
En el sector salud, y como se ha señalado, la Convención impone un tratamiento
de la discapacidad desde el enfoque de los derechos y no desde la perspectiva
de la salud pública. Por tanto, el derecho a la protección a la salud y la
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas
con discapacidad no deben interpretarse únicamente como un mandato a los
poderes públicos para que dispongan los recursos económicos suficientes para
dotar los medios materiales y humanos necesarios, sino que debe interpretarse
de tal forma que incluya el derecho a la autonomía personal para el disfrute de
todos los derechos. En este sentido, las personas con discapacidad no pueden
ser consideradas como meros sujetos pasivos que reciben una atención y unos
servicios por parte de las instituciones sanitarias. Las personas con discapacidad,
han de ser consultadas y tenidas en cuenta a la hora de planificar y administrar
los recursos del sistema de salud. Asimismo, deben ser partícipes tanto
de la toma de decisiones sobre asuntos que les conciernen directamente, como
en la planificación y evaluación de las políticas sanitarias que desarrollan estos
aspectos.
Este enfoque, por tanto, representa un impacto sobre ámbitos tales como: la
investigación clínica, biomédica; los tratamientos médicos; los servicios sanitarios
y hospitalarios; las medidas de contracepción, reproducción asistida, o en
general de salud reproductiva, por citar algunos de los temas más centrales.
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