Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria - Sunarp

Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria
favor de la Compañía Ludwig Engel KG de Austria, advirtiéndose de los actuados
judiciales que dicho mandato resulta contrario a la naturaleza del procedimiento de
ejecución de garantías en que la pretensión principal es hacer efectivo el pago;
Que, al respecto, acorde con el principio de Legalidad en su modalidad de Calificación
registral consagrado en el artículo 2011 del Código Civil, concordante con el Numeral IV
del Título Preliminar y los artículos 150 y 151 del Reglamento General de los Registros
Públicos, los registradores examinan los documentos presentados, apreciando su
legalidad, la competencia y facultades del funcionario que autentica el título, la capacidad
de los otorgantes, la observancia de las formas legales y la licitud del acto, no siendo de
aplicación esta calificación, bajo responsabilidad del registrador cuando se trate de parte
que contenga una resolución judicial que ordena la inscripción;
Que, en tal sentido, la función calificadora del Registrador, limitada en cuanto se trata de
titulos provenientes de sede judicial, se constriñe a verificar si el mandato judicial
efectivamente se ha producido, no padece de vicios que atentan contra su validez, la
competencia del Juzgado o Tribunal que lo expide, las formalidades del documento y los
obstáculos que se pueden presentar en cuanto a la incompatibilidad entre la resolución
judicial y los antecedentes registrales, quedando fuera del ámbito de calificación la
congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiese dictado, los
fundamentos o el contenido de la resolución así como su adecuación a la ley, tal como lo
ha expresado esta instancia en la Resolución Nº 347-96-ORLCITR del 30 de setiembre de
1996 y Resolución Nº 271-98-ORLC/TR del 31 de julio de 1998;
Que, en el mismo sentido, GOMEZ GALLIGO (cit. por Manzano Solano, Antonio. Derecho
Registral Inmobiliario. Vol. II. Madrid, 1994, p. 582) señala que «a diferencia de los
documentos públicos notariales, los documentos judiciales no pueden ser objeto de
calificación sino en determinados extremos, pues de lo contrario quedaría afectado el
principio jurídico de unidad de jurisdicción», equivalente en nuestra legislación a la unidad
y exclusividad de la función jurisdiccional, consagrada en el inciso 1 del artículo 139 de la
Constitución Política del Perú;
Que, a mayor abundamiento, y sin que ello implique la renuncia a la función calificadora
del Registrador que debe ejercerse en relación a los aspectos antes mencionados, toda
persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales
de índole administrativo emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios
términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala
tal como lo prescribe el primer párrafo de! articulo 4º del T.U.O. de la ley Orgánica del
Poder Judicial;
Que, de otro lado, acorde con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y regulada entre otros, en el
articulo 365 del citado código adjetivo, los actos procesales son impugnables por las
partes o los terceros legitimados, en tanto la resolución judicial no haya quedado firme;
Que, el Código Procesal Civil respeta el doble grado de la jurisdicción salvo en aquellos
casos en que el legislador haya previsto expresamente la impugnabilidad de las
resoluciones judiciales, en ese sentido, siendo que el Registro debe publicitar actos o
situaciones jurídicas con vocación de permanencia, extendiéndose dicha exigencia a los
mandatos judiciales (salvo aquellos supuestos de anotaciones preventivas), los mismos
que para ser publicitados deben ser firmes, consecuentemente cuando se solicita al juez
la remisión de partes al Registro, se exige la constancia de que la Resolución Judicial que