Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria - Sunarp

Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria
anterior frente a la general posterior. Un sector de la doctrina entiende que la solución es
la inversa: la ley posterior provoca la derogación de la ley especial anterior. Frente a esta
dualidad de criterios, la alternativa más plausible parece ser la propuesta por Guastini: el
conflicto debe dirimirse atendiendo a la voluntad de la norma general posterior, esto es, si
evidencia un animus derogatorio por tener una amplitud tal que no tolere excepciones, ni
siquiera de leyes especiales 68 . Ello nos lleva, en el caso concreto, a analizar los
antecedentes legislativos de la Ley N° 27755, así como la evaluación hecha por el
Tribunal Constitucional en sus sentencias del 30.04.2003 y 04.07.2003 recaídas en las
Acciones de Inconstitucionalidad N° 016-2002-AI/TC y 001/003-2003-AI/TC.
12. El Poder Ejecutivo y el congresista Barrón Cebreros presentaron los Proyectos de Ley
N° 1797/2001 y 1845/2001, proponiendo crear el Registro de Predios que unifique el
Registro Predial Urbano, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Sección Especial de
Predios Rurales. Estos proyectos merecieron el Dictamen N° 1797 y 1845/2001-CR
emitido por la Comisión de Justicia del Congreso de la República, el cual efectúa un
análisis que pone énfasis en las ventajas y bondades de la escritura pública frente al
formulario registral y los documentos con firmas legalizadas, concluyendo que sólo la
escritura pública ofrece la seguridad jurídica requerida por la sociedad. Al respecto, los
siguientes párrafos del Dictamen resultan ilustrativos:
- “Para alcanzar la publicidad registral es necesario que todo acto o negocio jurídico se
formalice en documento auténtico, garantizándose de esta manera la legitimidad,
legalidad y certeza del derecho. Según García Coni, el documento es la „materia
prima‟ con la que trabaja el Registro, y de su calidad depende el resultado final de
todo proceso inscriptivo”.
- “… es necesario que los documentos que contengan derechos inscribibles no estén
solamente suscritos por los interesados sino que es menester que en su creación
haya intervenido una persona dotada por el Estado de facultades legales para
conferirles carácter de públicos y auténticos”
El Dictamen concluye proponiendo el siguiente texto normativo: “Vencido el plazo del
proceso de integración de los registros (…), todas las inscripciones se efectuarán por
instrumento público, salvo disposición contraria de la ley”. Podemos concluir que el
Dictamen mencionado carecía de voluntad derogatoria de las normas especiales, toda
vez que posibilitaba las inscripciones realizadas en mérito a documentos fehacientes
previstas en leyes especiales.
13. El texto final de la Ley N° 27755 incorporó en su artículo 7° la alternativa del
Formulario Registral legalizado exclusivamente por notario (o juez de paz, a falta de éste),
cuando el valor del inmueble fuera inferior a 20 UITs. A diferencia del texto aprobado por
la Comisión de Justicia, el vigente carece de la salvedad respecto a las “disposiciones
contrarias de la ley”, por lo que esta diferencia permite sostener que la Ley N° 27755
busca eliminar la titulación fehaciente en el Registro de Predios, al ofrecer sólo dos
alternativas: escritura pública o formulario registral.
La citada Ley fue objeto de dos demandas de inconstitucionalidad incoada por diversos
Colegios de Notarios del país, precisamente en cuanto a la permisión de utilizar el
68 Riccardo GUASTINI: “Estudios sobre la interpretación jurídica”, México, 2000, Edit. Porrúa – UNAM,
p. 80-81.