Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria - Sunarp

Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria
efecto, que el formulario sea llenado y suscrito ante él, de tal forma que pueda corroborar
la libre voluntad, capacidad e identidad de los contratantes. En tal sentido, se puede
afirmar que el carácter de norma especial que se puede atribuir al segundo párrafo del
artículo 7º de la Ley N° 27755 respecto la norma general del artículo 2010° del Código
Civil, no constituye una excepción o una situación especial, puesto que el formulario
registral legalizado por notario público en buena cuenta sigue siendo un instrumento
público, y en ese sentido se mantiene consecuente con el principio de titulación autentica
recogido en el artículo 2010º del Código Civil.
De otro lado, si se compara los alcances de dicho precepto con la regulación que
establece el artículo 176º de la Ley Nº 26702, se advierte que los contratos de las
empresas del sistema financiero y de seguros celebrados con sus clientes, al poder
extenderse en documento privado con firma legalizada notarialmente, o ser protocolizado
notarialmente, salvo de aquellos contratos cuyo valor exceda de cuarenta (40) UITs; se
advierte que dicha norma, está estableciendo una excepción o situación especial respecto
del principio de Titulación auténtica. Es decir, la consecuencia Jurídica que le atribuye
esta norma al supuesto de hecho que viene a ser la inscripción de un contrato de hipoteca
ante el Registro de Predios, es que la inscripción se haga en mérito a un documento
Privado con firma legalizada notarialmente, siendo está, una clara excepción a la regla
general del artículo 2010º del Código Civil y consecuentemente al artículo 7° de la ley N°
27755.
Siendo este el caso, se puede concluir que la divergencia normativa se presenta entre
una norma especial anterior, como es el artículo 176º de la Ley Nº 26702, cuya fecha de
publicación es el 9.12.96, y una norma general posterior, que resulta siendo el segundo
párrafo del artículo 7 de la Ley N° 27755 publicada el 15 de junio de 2002.
9. Ahora bien, nuestro ordenamiento carece de una norma legal que regule el conflicto
entre una norma general posterior frente a otra de carácter especial anterior. Un sector de
la doctrina entiende que el criterio de especialidad debería ser reformulado de la siguiente
manera: la norma especial no es abrogada por la norma general sucesiva, sino que
constituye una derogación de ella, es decir restringe su campo de aplicación por lo que
debería de prevalecer la norma especial anterior. Sin embargo, también se sostiene que
la norma sucesiva, aunque sea general, abroga a la precedente, aunque sea especial, en
virtud del criterio cronológico antes descrito.
Frente a esta dualidad de criterios, la alternativa más plausible parece ser la propuesta
por Giustani: el conflicto debe dirimirse atendiendo a la voluntad de la norma general
posterior, esto es, si evidencia un animus derogatorio por tener amplitud tal que no tolere
excepciones, ni siquiera de leyes especiales. 5 Ello nos lleva, en el caso concreto, a
analizar los antecedentes legislativos de la Ley Nº 27755, así como la evaluación hecha
por el Tribunal Constitucional en sus sentencias del 30.04.2003 y 04.07.2003 recaídas en
las acciones de Incostitucionalidad Nº 016-2002-AI/TC y 001/003-2003-AI-TC.
10. El texto final de la Ley N° 27755 incorporó en su artículo 7° la alternativa del
Formulario Registral legalizado exclusivamente por Notario (o juez de paz, a falta de
este), cuando el valor del inmueble fuera inferior a 20 UITs. A diferencia del texto
aprobado por la Comisión de Justicia, el vigente carece de la salvedad respecto a las
disposiciones contrarias de la ley, por lo que esta diferencia permite sostener que la Ley
N° 27755 busca eliminar la titulación fehaciente en el Registro de Predios, al ofrecer sólo
dos alternativas: escritura pública o formulario registral.
5 GUASTINI, Ricardo. Estudios sobre la interpretación Jurídica. UNAM. Editorial Porrúa, 2000