Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria - Sunarp

Compendio de Precedentes de Observancia Obligatoria
para aplicar el plazo de caducidad de dos años; esto es, que la medida haya sido dictada
antes de que dicho proceso obtenga decisión favorable firme.
Algunos sostienen que estas medidas dictadas en ejecución de sentencia deberían tener
un plazo de caducidad de dos años computados a partir de la fecha de su ejecución.
Sustentan su posición en el hecho de que habiendo sentencia firme, dos años son más
que suficientes para ejecutar la medida. Sin embargo, el artículo 625 no ha establecido
ningún plazo de caducidad de 2 años computado desde de la inscripción de la medida.
Admitir esta posición implicaría abrir un tercer supuesto de caducidad no previsto en la
ley, conculcando abiertamente el artículo 2004 del Código Civil en virtud del cual los
plazos de caducidad son fijados por la ley, sin admitir pacto contrario.
8.- Sobre este mismo asunto, en el Segundo Pleno del Tribunal Registral, llevado a cabo
en la ciudad de Lima los días 29 y 30 de Noviembre de 2002, se acordó el siguiente
precedente de observancia obligatoria para todas las instancias registrales: ―A las
medidas dictadas en ejecución de sentencia bajo las normas del Código Procesal Civil, se
les aplica el plazo de caducidad de cinco años computados a partir de la fecha de su
ejecución.‖
Adicionalmente al hecho de señalar el plazo de caducidad que corresponde a las medidas
dictadas en ejecución de sentencia, este precedente alude al hecho ya referido supra de
que en el momento particular del dictado de la medida corresponde establecer su
naturaleza cautelar o ejecutiva.
9.- En cuanto al caso materia de apelación, de las piezas del proceso principal
garantizado con la medida cautelar (que el interesado ha adjuntado al título apelado), se
determina con claridad que dicho proceso, al menos al 23-10-2000, se hallaba concluido
con sentencia favorable para el demandante. En esa fecha, el juzgado emitió la
Resolución 17 mediante la cual dispuso cumplir lo ejecutoriado por la Sala Civil de Lima,
que había confirmado la sentencia de primera instancia.
Consta del asiento 2-D de la ficha 33270 PR que con título presentado el 16-06-1999 se
inscribió el embargo hasta por la suma de US$ 35,000.00 a favor del Banco Wiese. Esta
medida tenía el carácter de cautelar en el estricto sentido del término, pues había sido
dictada cuando el proceso principal aún no había concluido.
Mediante Resolución Nº 08, dictada por el órgano jurisdiccional el 13-09-1999, se dispuso
la ampliación del embargo en US$ 10,000.00, de modo que el monto total de afectación
era US$ 45,000.00. Lo particular del caso fue que esta medida se inscribió recién el 28-
08-2002, en el asiento 3-D, mucho tiempo después de que fuera decretada. Con lo cual
tenemos una medida dictada con anterioridad a la conclusión del proceso principal, pero
ejecutada cuando éste ya había concluido.
10.- Hemos señalado que la naturaleza cautelar o ejecutiva de la medida no depende de
la fecha de su ejecución sino del particular momento por el que transita el proceso
principal cuando es dictada por el juez. Siendo esto así, ocurre que tanto la medida
inscrita en el asiento 2-D como su ampliación en el asiento 3-D tienen el carácter de
cautelares, pues han sido dictadas cuando el proceso principal aún no concluía, con lo
cual el cómputo del plazo de caducidad debe hacerse con arreglo al primer párrafo del
artículo 625 del Código Procesal Civil, esto es, verificando si desde la fecha de la
conclusión del proceso principal con sentencia firme han transcurrido dos años. Esto
efectivamente ha ocurrido, pues desde el 23-10-2000, fecha de la conclusión del proceso
principal garantizado con los embargos, hasta la fecha de presentación del título venido