Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

Por otra parte, el perito Antonio Rico Revuelta llega también a otras conclusiones relativas estas
al procedimiento de manejo y conservación de la sangre. Considera que si la sangre es manejada
por personal sanitario cualificado, experimentado y titulado, su uso terapéutico no reviste mayor
riesgo para la salud que el manejo de cualquier otro tejido del cuerpo (menor riesgo, si cabe,
entiende, en el caso de las autotransfusiones). Añade que corresponde al médico decidir cuándo
procede su extracción o re-infusión y es el único profesional de la medicina que está legalmente
autorizado y capacitado para decidir cuándo y en qué circunstancias se realiza dicho acto
médico.
Finalmente, asumiendo atribuciones del juzgador, por referencia a indicios de la causa que sólo
a esta juzgadora, tras la práctica de la prueba en el acto del Juicio Oral corresponde valorar,
llega a la conclusión de que, a la vista de los indicios del sumario, y partiendo de los requisitos y
condiciones que establece el Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, sobre requisitos
técnicos y condiciones mínimas de la Hemodonación, la metodología seguida por el Doctor
Fuentes en cuanto a lugar de extracción, transporte, material fungible para su conservación,
identificación de las muestras y análisis realizados, arcones frigoríficos y temperaturas de
conservación y posible re-infusión de la sangre incautada, se ajustaba a los requisitos técnicos
para obtención, preparación, conservación y utilización terapéutica de la sangre y sus
componentes.
Pues bien, el perito, que reconoce que no es especialista en hematología, manifiesta que conoce
el contenido del Real Decreto 1088/2005, reconoce que los centros de hemoterapia deben estar
autorizados y que la Autoridad no autorizaría la habitación de un hotel para hacer una
trasfusión.
De esta manera, empieza por reconocer en el plenario que es cierto que el “banco de sangre” del
Dr. Fuentes incumplía varias normas de tipo administrativo. Incluso llega a afirmar que no
entiende como no solicitaron Eufemiano Fuentes y Merino la autorización de la Administración
para la realización de su actividad como Centro de Hemoterapia, comentario que resulta cuando
menos ingenuo a la vista de la nota de clandestinidad que teñía todo el procedimiento de
extracción y re-infusión de la sangre.
Es decir, en un primer momento afirma el perito de la defensa que en el caso que nos ocupa se
cumplían las normas médicas pero no se cumplían las normas administrativas.
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