Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

Y, en relación con expedientes disciplinarios ni existe previsión legal de posible intervención
por Auto judicial de las comunicaciones telefónicas, ni la finalidad a que se orientan dichos
expedientes puede tener cabida en ninguna de las previsiones referidas en el art. 8 del Convenio.
La única previsión legal en nuestro ordenamiento jurídico de intervención de las
comunicaciones telefónicas en el ámbito del ius puniendi del Estado es la del art. 5792. De la
LECr., y se refiere estrictamente a delitos. Incluso ese precepto ha dado lugar a una amplia
crítica jurisprudencial tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal
Constitucional, de la que son exponente, entre otras, las STC precitada 49/1999, de 5 de abril,
Fundamentos Jurídicos 4 y 5, y 184/2003, de 23 de octubre, Fundamentos Jurídicos 4 a 7.
Fuera de esas concretas previsiones legales y de interpretación constitucional referidas, las
conversaciones telefónicas están amparadas por el derecho fundamental del art. 18.3 CE, y por
tanto una actuación de los poderes públicos, en concreto de ejercicio de su ius puniendi en el
orden disciplinario, que utilice dichas conversaciones telefónicas como prueba en el expediente
disciplinario vulneran directamente dicho derecho fundamental, pues, repetimos, ni está
amparada por un precepto legal discernible, ni responde a ninguno de los fines que la permiten,
según lo dispuesto en el art. 8.2 del Convenio citado.”
Las anteriores consideraciones son plenamente de aplicación al supuesto que nos ocupa ya que
las bolsas de sangre, plasma y concentrados de hematíes en relación a las cuales se interesa la
muestra se obtuvieron en la entrada y registro de los domicilios relacionados con Eufemiano
Fuentes y con José Luis Merino Batres, estando prevista la diligencia de entrada y registro
domiciliario regulada en los art. 550 y concordantes en relación a la investigación de delitos,
habiendo perfilado además la jurisprudencia las circunstancias en que podrá acordarse tal
diligencia, que implica afectación de los derechos fundamentales a la intimidad y a la
inviolabilidad del domicilio del interesado. En este sentido podemos citar la Sentencia de fecha
3 de julio de 2.003 del Tribunal Supremo (Ponente: Excmo. Sr. Don José Manuel Maza Martín)
relativa al valor del denominado “hallazgo casual”. La Sentencia se centra en determinar el
valor que haya de ostentar el descubrimiento casual, en el transcurso de un registro domiciliario,
de elementos probatorios de cargo no relacionados con el ilícito cuya investigación motivó la
inicial autorización judicial otorgada para la injerencia en el derecho fundamental a la
inviolabilidad domiciliaria. La Sentencia opta por conferir valor a estos denominados “hallazgos
casuales” pero con matices. La misma Sentencia cita una doctrina que considera plenamente
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