Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

Hemos aludido a las similitudes que reúnen el grupo de delitos comprendidos en el marco de
los artículos 359 a 367 del Código Penal, en relación con los delitos relativos al tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas que se regulan, dentro del mismo
Título y Capítulo del Código Penal, en el art. 368 y siguientes. En relación a este tipo de
delitos, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 7 de julio de 1.995 (nº 849//1995, rec
3054/1994, Ponente: Excmo. Sr. Enrique Bacigalupo Zapater) viene a decir: “Por leyes
penales en blanco se deben entender aquéllas que sólo contienen una amenaza penal para la
infracción de otra norma a la cual remiten. Es fácil comprobar que la infracción del deber
normativo sancionada por el art. 344 CP se encuentra íntegramente en esta disposición, pues
consiste en "ejecutar actos de cultivo, elaboración o tráfico", o de otro modo "promover,
favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o poseerlas con aquellos fines", es decir en una conducta que el texto del art.
344 CP describe íntegramente sin referencia alguna a la infracción de otra norma.
Ciertamente es frecuente que para establecer cuáles son las sustancias que se deben
considerar objeto de la acción, los precedentes de esta Sala se han referido, por ejemplo, al
Convenio de Naciones Unidas de 1.961, como lo hace también la sentencia recurrida. Pero
de ello no es correcto deducir que el art. 344 CP constituye una ley penal en blanco, pues
tales convenios no definen el deber cuya infracción sanciona el art. 344 CP, sino que
clasifican, con arreglo a criterios científicos, las sustancias alcanzadas por la definición de
drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos y, por lo tanto, no complementan el tipo
penal, sino que constituyen un punto de vista objetivo para dar contenido a elementos
normativos del tipo.” Este razonamiento, entendemos, es igualmente de aplicación al
concepto de “medicamento” que nos ocupa.
Tampoco nos encontramos ante un supuesto en que el elemento normativo o el elemento
descriptivo contenido en el tipo sea objeto de una definición legal “ad hoc”, generalmente
contenido en el mismo o en otro precepto del mismo cuerpo normativo. Así, a título de
ejemplo el propio artículo 372 del Código Penal que contiene un tipo agravado en relación al
tipo que nos ocupa, al castigar al “empresario, intermediario en el sector financiero,
facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su
cargo, profesión u oficio” en el párrafo segundo del mismo precepto nos da una definición
“ad hoc” de lo que ha de entenderse por “facultativo” a estos efectos, cuando establece
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