Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

conversaciones que son ofrecidas a la autoridad judicial, algunas de la cuales no permiten
identificar a uno los interlocutores, no es sino la consecuencia de asociar a las acciones
delictivas que van poniéndose de manifiesto durante la investigación, la persona que haya de
ser considerada responsable.”
No podría alegarse por las defensas, lo que tampoco se ha hecho, falta de control judicial en
relación a la medida inicialmente acordada, ya que si bien el control judicial de la ejecución
de la medida forma parte del contenido esencial del derecho al secreto de las
comunicaciones, ya que en este caso, no hubo necesidad de solicitar prórroga de la
intervención judicial al Juzgado por parte de la fuerza instructora, sino que lo que se solicitó
del juzgado instructor en fecha 16 de mayo de 2.006 (el Auto de autorización de
interceptación de las comunicaciones se dictó el 10 de mayo anterior y se hizo con validez de
un mes), en virtud del oficio de la Guardia Civil nº 77 (folios 182 a 193 de las actuaciones)
fue el mandamiento judicial para la práctica de la entrada y registro por parte de
componentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los domicilios y
establecimientos que se relacionaban, a practicar el día 23 de mayo, al objeto de practicar la
intervención de cuanta documentación, soportes informáticos y efectos pudiesen tener
relación con el delito contra la salud pública objeto de investigación, siendo los domicilios
para los que se solicitaba el mandamiento, y en los que posteriormente se verificó la
diligencia de entrada y registro, los siguientes: apartamento sito en la Calle Caídos de la
División Azul nº 20, 4º A de la localidad de Madrid y Apartamento sito en la Calle Alonso
Cano nº 53, 5º D de la localidad de Madrid, laboratorio del Dr. Merino Batres sito en la calle
Zurbano nº 92, bajo de la localidad de Madrid y domicilio del mismo sito en la calle
Fernández de la Hoz nº 58, 1º D de la localidad de Madrid, domicilio de Alberto León
Herranz, sito en la calle Lepanto nº 9, puerta 7 de la localidad de San Lorenzo de El Escorial
y domicilio de José Ignacio Labarta Barrera, sito en la Avenida de la Ilustración nº 35 C, 156
de la localidad de Zaragoza, mandamiento cuya solicitud se fundamentaba por la fuerza
actuante en las vigilancias practicadas y en el contenido de alguna de las conversaciones
previamente escuchadas como consecuencia de la Autorización Judicial. El mandamiento
judicial se concedió, por Auto de 22 de mayo de 2.006, en relación a los domicilios
solicitados y el mismo día 23 de mayo que se practicaban los registros se procedió a la
detención de Eufemiano Fuentes, José Ignacio Labarta, José Luis Merino, Manuel Saiz
71