Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

con el art. 26.1 que establece que “el médico debe emplear preferentemente procedimientos y
prescribir fármacos cuya eficacia se haya demostrado científicamente” y el art. 26.2 que añade
que “no son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismos, las carentes de base científica y
que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente
probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o
intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida”. Por último, y a
efectos de dar una visión más concreta de la cuestión que nos ocupa, el art. 61 del propio
Código Deontológico establece que: “1. No es aceptable deontológicamente que el médico
contribuya de forma fraudulenta a la mejora del rendimiento del deportista”. Esta previsión
explícita relativa al dopaje deportivo que no existía en el Código Deontológico anterior, el de
1.999, es una muestra más de la preocupación existente en todos los ámbitos de la sociedad por
estas prácticas, sin duda perjudiciales para la salud del deportista que han saltado a la luz en los
países de nuestro entorno en los últimos años y no deja de ser una consecuencia más de la
promulgación de la LO 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la Salud y lucha contra el
Dopaje en el Deporte, que en su Exposición de Motivos establece expresamente que el
suministro, la dispensación o la prescripción de sustancias susceptibles de producir dopaje es
responsabilidad de quienes, según el Ordenamiento, realizan estas acciones y que, en
consecuencia, estas infracciones han de constituir también un grave quebranto de la deontología
profesional, que debe tener sanciones específicas en sus respectivos regímenes colegiales.
No se pretende con esta alusión al Código Deontológico, aplicable solo al funcionamiento
interno de la Organización Médica Colegial, integrar el precepto penal que nos ocupa, sino
simplemente integrar el concepto de lo que debe entenderse por el término “prescripción”
utilizado en las sucesivas Leyes del Medicamento y específicamente en el art. 21.3 del Real
Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre en relación a la cuestión de las autotransfusiones.
En suma, “prescripción” supone el emplear de procedimientos o fármacos cuya eficacia
responda a bases científicas y supone también una finalidad de curación o al menos de
prevención, más no la indicación para un fin ajeno a los anteriores.
Y es abundante la prueba pericial practicada que apunta a considerar que no es esta, sino la del
incremento del rendimiento deportivo, la finalidad buscada por el Doctor Fuentes, lo que se
desprende muy claramente de la pericial del perito Yorck Schumaker ya examinada y que logró
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