Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

servicio de Inspección de diligencias Informativas y posterior incoación de expediente
disciplinario al investigado, que finalizó con Acuerdo sancionador. En dicha Sentencia de la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se llegaba a la conclusión de que en relación con
expedientes disciplinarios ni existe previsión legal de posible intervención por Auto judicial de
las comunicaciones telefónicas, ni la finalidad a que se orientan dichos expedientes podía tener
cabida en ninguna de las previsiones referidas en el art. 8 del Convenio. La Sentencia del T.S.
constataba que la única previsión legal en nuestro ordenamiento jurídico de intervención de las
comunicaciones telefónicas en el ámbito del ius puniendi del Estado era la del art. 579.2 de la
LECr., precepto que se refería estrictamente a delitos. Por lo tanto, se llegaba a la conclusión de
que la utilización de las pruebas precitadas por el instructor del expediente no podía sostenerse
ya que se trataba de pruebas ilícitas e inconstitucionales. Finalmente, la Sala del Tribunal
Supremo anulaba la sanción impuesta.
La Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo razonaba del siguiente modo:
“En el análisis de las cuestiones planteadas debemos partir de la centralidad de los derechos
fundamentales en su doble dimensión de derechos subjetivos de los ciudadanos y elementos
esenciales del ordenamiento jurídico (art. 53.1 CE y 7 LOPJ y Sentencias del Tribunal
Constitucional de innecesaria cita individualizada por reiteradas y constantes, por todas STC
25/1981 y 114/1984 F.D. 4º). El art. 18.3 CE consagra como derecho fundamental el de la
garantía del “secreto” de las comunicaciones y, en especial de las postales, telegráficas y
telefónicas, salvo resolución judicial.
El alcance de dicho derecho, por imperativo de lo dispuesto en el art. 10.2 CE, debe ponerse en
relación con lo dispuesto en el art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1.950, ratificado por España por
Instrumento de 26 de septiembre de 1979, siendo las limitaciones establecidas en el art. 8.2 del
Convenio elementos esenciales para la regulación de la posibilidad de intervención de
conversaciones telefónicas, según doctrina constante del Tribunal constitucional (por todas STS
49/1990).
Tales exigencias son las de la previsión por la ley, y la de que “constituya una medida que, en
una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la
salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás”.
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