Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

tanto, la intervención telefónica que se impugna, al ajustarse a los parámetros legales y
jurisprudenciales sobre la materia, no cabe apreciar vulneración alguna del derecho
fundamental que se invoca ni aparece viciado el material probatorio derivado de las
escuchas. En conclusión, el motivo ha de ser desestimado.”
Y es que la cuestión es de sentido común, nadie coge un teléfono para recitar un monólogo
(salvo que lo deje grabado en un mensaje en un contestador automático, y aún en ese caso, la
“conversación” tendría un receptor, lo que pasa que éste recibiría el mensaje diferido en el
tiempo), sino para “comunicarse” con otra persona. No puede pretenderse que en un inicio de
una investigación judicial, en la que se acuerda una medida excepcional como es la
limitación del derecho fundamental del secreto a las comunicaciones de una persona, y que
se acuerda con todas las garantías que supone la autorización motivada por parte de un Juez
instructor y la previsión del control jurisprudencial de la medida, se pueda conocer de
antemano el listado de quienes serán sus futuros interlocutores, pues esa es precisamente la
finalidad de la investigación: ver si de esas conversaciones se extraen indicios, que luego
podrán convertirse en pruebas, que tengan relación con el delito investigado. Y es lógico que
entre los interlocutores de la persona investigada puedan surgir algunos que tengan mayor o
menor relación con el delito investigado y que puedan ser objeto de ulterior imputación,
aunque inicialmente no se conociera su identidad. Y eso es lo que sucedió en el supuesto que
nos ocupa (ello, insistimos, sin entrar a valorar en este momento el contenido de las
conversaciones). Privar de valor a tales conversaciones por el hecho de no conocerse
inicialmente los datos de los eventuales interlocutores, si en el curso de la conversación se
desprende la participación de dichos terceros en el delito investigado, supondría un privilegio
no deseado para el presunto delincuente y nos llevaría a una paradoja procesal, ya que el
eventual delincuente podría verse beneficiado por tal circunstancia procesal, cuando no lo
habría sido en el caso de descubrirse su supuesta relación con los hechos por medio de otro
tipo de diligencias o investigaciones.
En este sentido la mentada Circular de la Fiscalía General del Estado, la recientísima
Circular de 11 de enero de 2.013, abunda en este sentido cuando viene a decir que no puede
considerarse constitucionalmente ilegítima la intervención de las conversaciones de las
personas que comunican o con las que se comunican aquéllas sobre las que recaen
inicialmente los indicios, en la medida en que tales conversaciones estén relacionadas con el
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