Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

La cuestión de la posible utilización de las pruebas penales en la instrucción de un
procedimiento disciplinario es objeto de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso, Sección 7ª) de 30 de abril de 2.012 (Nº 2752/2012, recurso 197/2010, Ponente:
Excmo. Sr. Vicente Conde Martín de Hijas). En el procedimiento de que trae causa dicha
Sentencia se suscitó la cuestión de si era legalmente admisible que el instructor de un
procedimiento disciplinario (en ese caso un procedimiento disciplinario seguido contra un
Magistrado) pudiera reclamar al instructor de un proceso penal y éste facilitar a aquél, el
contenido de conversaciones telefónicas legalmente intervenidas en el curso de la instrucción de
un procedimiento penal, así como si esa reclamación y la consiguiente facilitación de tales
pruebas por uno y otro instructores (el del expediente disciplinario y el del proceso penal,
respectivamente) vulneraría o no el derecho fundamental del art. 18.3 CE (en ese caso se trataba
de la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones). En la Sentencia en cuestión se explicaba
como en el curso de una instrucción penal en la que se había acordado la intervención de las
comunicaciones de un teléfono por Auto del Juez que instruía el caso se había tenido
conocimiento de unas conversaciones que ”sin tener relación con los hechos que dieron lugar a
la incoación de las diligencias, revelaban que el investigado por los hechos objeto de esas
diligencias “podría estar realizando una serie de conductas constitutivas de otra infracción
criminal distinta de la investigada en las diligencias, respecto de la cual no existía la conexión
regulada en los arts. 17 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” En esta situación
el juez instructor de las Diligencias Penales decidió incoar un “ramo separado de investigación”
de los nuevos hechos, encabezado con testimonio de dicho auto, del escrito policial por el que se
daba cuenta de los nuevos hechos a investigar, junto a las conversaciones transcritas y las cintas
de seguridad aportadas. En ese nuevo “ramo separado de investigación” se acordó la ampliación
de las escuchas telefónicas para la investigación del supuesto nuevo delito, la autorización para
la intervención del teléfono de otro investigado, acordándose sucesivas prórrogas de las
intervenciones. Finalmente, el juez instructor de las primitivas diligencias penales elevó
exposición razonada a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, por
entender que carecía de competencia para la instrucción de las correspondientes diligencias
penales por ser el investigado un Magistrado, acordándose por el TSJ la incoación de diligencias
previas en relación al Magistrado investigado, con comunicación al Excmo. Sr. Presidente del
Consejo General del Poder Judicial y al Servicio de Inspección, lo que llevó a la apertura por el
332