Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

efecto, la referida Circular aborda el problema de la afectación de los derechos del
comunicante ajeno a la investigación penal, es decir el problema del tercero o “comunicante
accidental”, esto es, de la persona que no es directamente investigada, pero que entabla
comunicación telefónica con el investigado.
En buena lógica la Circular viene a decir que la propia naturaleza de la intervención
determina que afecte no solo al titular de la línea sino también a sus interlocutores y cita la
STS nº 1001/2005, de 19 de julio y la 1717/1999, de 3 de diciembre, entendiendo que la
intervención autorizada de las comunicaciones alcanza no solo a aquel cuya línea telefónica
es observada, sino también al interlocutor que se relaciona con el primero, si la conversación
se refiere a los hechos que conforman el delito investigado.
La Sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª, S 1-6-2012, nº 433/2012, rec. 1348/2011, (Pte:
Conde-Pumpido) a que ya nos hemos referido en relación a un supuesto relativo a un delito
de tráfico de drogas, viene a analizar un supuesto similar, en que no se había intervenido el
teléfono de los recurrentes en ese caso, sino únicamente “el de la directora de las
operaciones”, intervención que se consideró en el caso concreto conforme a derecho. La
similitud con el caso que nos ocupa, sin entrar a valorar ahora el contenido de las
conversaciones, que será objeto de un examen posterior, es palmario. En aquél caso se
denunciaba por los recurrentes la vulneración del derecho fundamental a la presunción de
inocencia por haber tomado en consideración pruebas ilícitas y se concretaba la ilicitud en
que la condena se apoyaba en las conversaciones telefónicas de las recurrentes cuando la
autorización judicial no abarcaba sus terminales telefónicos. Asimismo se solicitaba la
nulidad del Auto que acordaba la intervención de las comunicaciones en cuanto que afectaba
a terceros. La Sentencia del Tribunal Supremo reconocía la legitimidad de dichos “terceros”
para solicitar la nulidad del Auto, si bien entendía que no procedía tal nulidad, diciendo:
“Aun cuando los teléfonos intervenidos no corresponden a las recurrentes no cabe negar su
legitimidad para la impugnación dado que las pruebas obtenidas de dichas intervenciones
fundamentan la condena de las recurrentes. Pero el motivo no puede ser estimado dado que
las alegaciones formuladas para fundamentar la nulidad no añaden nada a lo argumentado en
los recursos ya desestimados, pues las resoluciones judiciales de intervención telefónica
acordadas en esta causa se encuentran perfectamente motivadas y cumplen los requisitos
necesarios para garantizar su constitucionalidad.”
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