Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

medio de la práctica de la diligencia de intervención de las comunicaciones, unida a la
actividad operativa desarrollada hasta la fecha, mencionando, en concreto, determinadas
conversaciones telefónicas mantenidas entre Eufemiano Fuentes e Ignacio Labarta, así como
entre el primero y Vicente Belda, todo ello por entender la fuerza instructora que de las
referidas conversaciones y diligencias se desprendía que las personas identificadas en el
marco de las presentes diligencias, entre los que se encontraban los mencionados, podrían
formar parte de un grupo criminal implicado en el comercio y administración de sustancias
nocivas a deportistas profesionales.
Alegaba el Letrado que dado que los teléfonos de sus defendidos, José Ignacio Labarta y
Vicente Belda Vicedo no habían sido objeto del Auto de intervención de 10 de mayo de
2.006, la prueba obtenida consistente en la grabación de dichas conversaciones, su
transcripción mecanográfica, su incorporación a los autos y su audición en el plenario no
podría ser tenida en cuenta a efectos de dictar Sentencia; por todo lo cual, la ilicitud de la
referida prueba contaminaría el resto de pruebas de ella dimanantes, como sería el registro
del domicilio del Sr. Labarta. Y seguía argumentando el Letrado que podrían haberse
utilizado las conversaciones interceptadas a sus defendidos como indicios para ordenar la
intervención de sus teléfonos pero que no resultaría válido utilizar directamente esas
conversaciones como indicio de criminalidad o prueba de cargo, en tanto que el derecho
constitucional al secreto de las comunicaciones de sus defendidos estaba en vigor cuando
hablaban con Eufemiano Fuente, derecho constitucional que solo podría haberse visto
afectado mediante una resolución judicial que lo habilitara expresamente.
Por el Ministerio Fiscal y resto de Acusaciones se alegó la extemporaneidad de la cuestión
propuesta. Es cierto que entendemos que tal cuestión como es la nulidad de unas
determinadas conversaciones telefónicas, de entre las intervenidas en su día, cuya audición
había sido propuesta y admitida, debió ser planteada, si no en el escrito de defensa, sí al
menos como cuestión previa al inicio de las sesiones del Juicio, lo que no se hizo. Sin
embargo, estamos de acuerdo con la defensa cuando dice que al versar la cuestión tratada
sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales de las partes, en concreto, la
supuesta infracción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la
intimidad personal, tales requisitos formales deben ceder, procediendo entrar a valorar la
cuestión planteada sin necesidad de mayores consideraciones. Por otro lado, también es
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