Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

literalmente que “a tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las
personas en posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus
dependientes”.
Así también, se contienen en la Parte General de nuestro Código Penal sustantivo algunas
definiciones de conceptos que luego se contienen como elementos descriptivos de
determinados tipos delictivos que se regulan en la Parte Especial del Código. Por ejemplo,
los conceptos de “autoridad”, “funcionario público” o “documento”. En concreto, el art. 24.1
C.P. regula el concepto penal de “autoridad”, definiendo como tal “al que por sí solo o como
miembro de alguna corporación, Tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza
jurisdicción propia”, especificando que “en todo caso, tendrán la consideración de autoridad
los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de
la Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo”, así como los funcionarios del
Ministerio Fiscal. Este será el concepto de “autoridad” a tener en cuenta a efectos de
determinar si concurren los elementos de los tipos delictivos comprendidos en el Capítulo II
del Título XXII del Código Penal, que regula los delitos de atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia.
En el mismo sentido, a los efectos de estos y de otros tipos penales contemplados en otros
preceptos de la Parte Especial del Código Penal sustantivo, se define el concepto de
“funcionario público” en el art. 24.2 del Código Penal: “Se considerará funcionario público
todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de
autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas”.
Y si bien el concepto de “autoridad” no plantea problemas de colisión con el Derecho
Administrativo, respecto al funcionario público, cuyo concepto se recoge en nuestros
Códigos Penales desde 1848, ha tenido la jurisprudencia que aclarar que el Código Penal
proporciona “un concepto de funcionario público propio y privativo de este campo jurídico”
y que “no se trata, pues, de una norma penal en blanco que pueda remitir la definición a otras
disposiciones, del Derecho administrativo o Laboral, con las que puede no concordar” (STS
2208/93, de 11 de octubre).
Asimismo, se ofrece una definición del concepto de “documento” a efectos penales en el art.
26 del Código Penal: “A los efectos de este Código se considera documento todo soporte
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