Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

Exposición de Motivos del Proyecto explica que el otorgamiento de estas “pruebas” por parte de
la autoridad judicial “deberá hacerse de manera motivada y previa ponderación del principio de
proporcionalidad para respetar adecuadamente los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo en este punto. El Informe al Anteproyecto emitido por el
Consejo General del Poder Judicial en fecha 11 de octubre de 2.012 fue crítico con este punto
del Anteproyecto, hoy Proyecto, pronunciándose expresamente en el sentido de entender que la
alusión del precepto al “necesario respeto del principio de proporcionalidad” parece querer
superar el obstáculo que supondría el hecho de que determinada clase de pruebas o diligencias
no pueda realizarse cuando de la instrucción de un expediente sancionador o disciplinario se
trate pues el bien jurídico a preservar (potestad disciplinaria o sancionadora de la
Administración), a diferencia del ius puniendi, no justifica su realización (falta de
proporcionalidad). Por eso, el informe del CGPJ es tajante: “el trasvase sin más de la totalidad
del material probatorio recabado durante la instrucción penal a la entidad con potestad
sancionadora administrativa en esa misma área, no es posible”. Y se está refiriendo en concreto
a la garantía que supone la intervención del Juez para la obtención de determinadas pruebas (o
más bien, “diligencias practicadas durante la instrucción penal”) que pueden comprometer los
derechos fundamentales de los sujetos investigados (intervención de las comunicaciones,
entrada y registro domiciliarios, extracción de muestras biológicas). En suma, concluye el
informe del CGPJ que mejor que indicar que el Juez instructor no podrá remitir ningún material
probatorio cuya entrega pudiese vulnerar dicho principio, hubiera sido “establecer de forma
explícita que el Juez no podrá facilitar ningún material probatorio que, por su naturaleza,
pudiera afectar a los derechos fundamentales del sujeto investigado, ya que el hecho de que esas
pruebas se hayan obtenido, en el curso del proceso penal bajo el oportuno control judicial no las
hace aptas para ser trasladadas a un proceso de naturaleza distinta, como es el administrativo
sancionador”. Y continúa el informe del CGPJ en relación a este tema: “parece claro que
determinadas pruebas que afecten a los derechos fundamentales del investigado no podrán ser
entregadas a la autoridad administrativa so riesgo de conculcar el principio de proporcionalidad
al que el precepto se refiere, y, en conexión con él los que sirven a garantizar que el sacrificio de
un derecho fundamental en el caso concreto está justificado por un fin constitucionalmente
protegido”.
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