Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo desestimaba también expresamente la
existencia de tal vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones de
esos “terceros”: “El motivo carece de fundamento. En efecto, la intervención se produce
respecto de las comunicaciones de aquellas personas frente a las que en un primer momento
existen indicios de implicación en un hecho delictivo, pero dado que las conversaciones son
bilaterales, la autorización judicial abarca la posibilidad de utilizar como prueba de cargo
tanto las manifestaciones que realicen a través de dichos teléfonos las personas investigadas,
cuyas comunicaciones están intervenidas, como las manifestaciones de quienes se
comuniquen con ellos, sin que la prueba así obtenida sea ilícita aunque las comunicaciones
de éstos terceros no hayan sido intervenidas, siempre que se refiera al mismo hecho delictivo
objeto de investigación, como sucede en este caso con el tráfico de heroína y cocaína que
realizaban los interlocutores de las recurrentes y en el que éstas colaboraban. Cuando se
autoriza la intervención de las comunicaciones que se realicen desde un teléfono determinado
se legitima la grabación de las manifestaciones de los investigados con sus interlocutores,
que en principio son desconocidos, pues en otro caso carecería de sentido alguno la medida,
dado que los teléfonos se utilizan siempre para hablar con otras personas.”
En similar sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, STS 4-4-2006, nº
515/2005, rec. 1325/2004 (Ponente: Excemo. Sr. Juan Saavedra Ruiz). En dicha Sentencia,
también en relación a un supuesto de tráfico de drogas, se alegaba por el recurrente la
carencia de aptitud del contenido de las escuchas como prueba de cargo dirigida en su
perjuicio, dada su condición de tercero o “comunicante accidental”. Y dice la citada
Sentencia en relación a tal pretensión del recurrente: “Entiende que, al no ser él el sujeto
directamente investigado, revelar el contenido de las conversaciones que mantuvo con el
inspeccionado supone una vulneración del artículo 18.3 de la Constitución. No obstante, ha
de rechazarse su pretensión, pues por sus propias características toda comunicación
telefónica precisa siempre de un mínimo de dos interlocutores, con independencia de quién
sea el emisor o el receptor de la llamada, y la resolución judicial por la que se autoriza la
escucha de las conversaciones recibidas o emitidas desde un terminal comprende
necesariamente a ambos conversadores, en aras de alcanzar el objetivo de su adopción, esto
es, averiguar si las fundadas sospechas se materializan en el descubrimiento del presunto
ilícito investigado y de sus responsables. Considerada válida en todos sus extremos, por lo
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