Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

y 546 LECr). Este es el único requisito, necesario y suficiente por sí mismo, para dotar de
legitimidad constitucional a la invasión del hogar. Una vez obtenido el mandamiento judicial,
la forma en que la entrada y registro se practiquen, las incidencias que en su curso puedan
producirse y los excesos o defectos en que incurran quienes lo hacen, se mueven siempre en
otra dimensión, el plano de la legalidad. En esta, por medio de la LECrim. (art. 569) no en la
Constitución, se exige la presencia del Secretario Judicial para tal diligencia probatoria. Por
ello, su ausencia no afecta a la inviolabilidad del domicilio, para entrar en el cual basta la
orden judicial (Sentencias del tribunal constitucional 290/94 y 309/94; Autos del Tribunal
Constitucional 349/88, 184/93 y 223/94), ni tampoco a la efectividad de la tutela judicial en
sus diferentes facetas (Sentencias del Tribunal Constitucional 349/88 y 184/93). En
definitiva, el incumplimiento de la norma procesal donde se impone ese requisito no
trasciende al plano de la constitucionalidad y sus efectos se producen en el ámbito de la
validez y eficacia de los medios de prueba. No se trata en este caso, de pruebas obtenidas con
violación de derechos fundamentales y, por ello, rechazables de plano (Sentencia del
Tribunal Constitucional 114/84), sino de una prueba irregular, cuya validez ha de ser
enjuiciada en su sede propia, la judicial (en el mismo sentido Sentencia del Tribunal
Constitucional nº 290/94, de 27 de octubre y 133/95, de 25 de septiembre).
Por otro lado, en relación a los supuestos en que la diligencia haya podido incurrir en alguna
ilegalidad ordinaria, señala la sentencia del Tribunal Supremo 2207/2002, de 3 de enero, que
“la infracción de lo dispuesto en el artículo 569 citado no afecta derechos fundamentales,
sino que afecta tan sólo a la legalidad ordinaria y, no afectando a la prueba, en la forma que
señala el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del poder Judicial, permite la acreditación de lo
ocurrido en el registro por otros medios probatorios, como son las declaraciones testificales
de quienes intervinieron en la diligencia de registro (Sentencias de 18 de julio de 1.994, 3 de
octubre de 1.996, 18 de abril de 1.997 y 18 de julio de 1.998).
En suma, el modo ortodoxo de realizar la diligencia de entrada y registro es con la presencia
en el registro del interesado y del Secretario del Juzgado correspondiente. Pero si el registro
se realizara sin que hubiera dado fe del mismo, la prueba se considera inexistente pero sus
hallazgos pueden incorporarse al acervo probatorio, por otros medios, en especial la
confesión del interesado o la testifical de los agentes actuantes, siempre que hubiera existido
la pertinente autorización judicial. El encargado de redactar el acta es el Secretario judicial,
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