Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

Pues bien, desde el reconocimiento por la doctrina del T.C y la jurisprudencia del T.S de que
las declaraciones de los coimputados constituyen actividad probatoria suficiente para
desvirtuar la presunción de inocencia por su carácter testimonial basado en el conocimiento
extraprocesal de los hechos (ss. T.C 137/88 y T.S 20-7-87, 5-12-88, 9-9-89, 18-9-90 , 12-9-
91, 11-3-93, 14-2-95 y 28-12-99), las más recientes sentencias del T.C (s. 153/97, 299/00) y
del T.S 15-11-99 , 3-3-00) han proclamado que la declaración de un coimputado como única
prueba de cargo en ausencia de otros elementos de prueba o de otros datos objetivos que le
corroboren no puede ser considerada mínima actividad probatoria de cargo para enervar la
presunción de inocencia porque el acusado a diferencia del testigo no tiene la obligación de
decir la verdad en virtud de los derechos a no declarar y a no confesarse culpable que le
concede el art. 24 C.E.
El tema de las declaraciones de los coimputados para enervar la presunción de inocencia,
cuando se presentan como únicas pruebas de cargo ha sido objeto de diferentes
pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional, que ha ido construyendo una
consolidada doctrina al respecto. Por la novedad de la resolución, y por su aplicación al caso
de autos, hacemos cita literal de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 233/2002,
de 9 de diciembre de 2002. Se dice en ella que "en la evolución de la doctrina jurisprudencial
sobre la incidencia de las declaraciones incriminatorias de los coimputados en el derecho a la
presunción de inocencia cabe apreciar una primera fase, en la que este Tribunal consideró
que carecía de relevancia constitucional, a los efectos de la presunción de inocencia, el que
los órganos judiciales hubieran basado su convicción sobre los hechos probados en la
declaración incriminatoria de los coimputados (SSTC 137/1988, de 7 de julio, FJ 4; 98/1990,
de 24 de mayo, FJ 2 ; 50/1992, de 2 de abril, FJ 3; 51/1995, de 23 de febrero, FJ 4 ; y AATC
479/1986, de 4 de junio, FFJJ 1 y 2; 293/1987, de 11 de marzo, FJ único, y 343/1987, de 18
de marzo, FJ 2 a); 1.133/1988, de 10 de octubre, FJ único; 225/1993, de 20 de julio, FJ 2;
224/1996, de 22 de julio, FJ 2). A esos efectos, se argumentó que la declaración de los
coimputados constituía actividad probatoria de cargo bastante, pues no había ninguna norma
expresa que descalificara su valor probatorio (STC 137/1988, de 7 de julio, FJ 4 ; y AATC
479/1986, de 4 de junio, FJ 1; 343/1987, de 18 de marzo, FJ 2 a)). El hecho de que el
testimonio se realizara sin prestar juramento y, por tanto, fuera susceptible de ser utilizado
con fines autoexculpatorios, se consideró que no afectaba a su cualidad o aptitud como
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