Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

posteriormente ratificada por España. Es cierto que la Convención no impone a los países
signatarios que esas normas se dicten necesariamente en el orden penal, pero es evidente que los
acusados tenían que saber que estaban realizando prácticas prohibidas. Tan evidente es, que esa
evidencia resulta del propio carácter subrepticio en que se desarrollaba todo el proceso,
mediante extracciones y re-infusiones en pisos y hoteles de forma clandestina, mediante uso de
palabras en clave y motes o alias, alusiones continuas en las conversaciones a la posibilidad de
ser escuchados, y una “identificación” de las bolsas de sangre que contenían las muestras que no
ha permitido conocer con seguridad a los donantes de las mismas salvo en contados casos. De
este carácter de clandestinidad de la propia conducta se deriva necesariamente que tanto el
Doctor Fuentes como José Ignacio Labarta tenían al menos que dudar de la prohibición que
pesaba sobre las conductas por ellos realizadas, con independencia de que pudieran no conocer
el alcance exacto de la prohibición. No resulta asumible la explicación de Eufemiano Fuentes
justificando tales circunstancias de cambios de teléfonos y utilización de palabras en clave por
miedo a los periodistas, en base a un incidente anterior, pues ni tal incidente se ha acreditado ni
en ningún caso tendría que ver con los hechos. El propio Ignacio Labarta ha reconocido en el
plenario que consideraba que ese sistema de extracciones y re-infusiones estaba prohibido, si
bien lo que no sabía es que pudiera ser constitutivo de ilícito penal.
En cuanto al conocimiento potencial del peligro que esa conducta supondría para los
destinatarios de tales métodos o medicamentos, no es lo aquí discutido, sino que entraría más en
la esfera del dolo, a la que ya nos hemos referido.
Por todas las acusaciones se ha apreciado la continuidad delictiva a lo que se oponen las
defensas en sus informes. Pues bien, entendemos que tienen razón las defensas en este punto. La
Sentencia de la Sala 2º del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2.004 (nº 1207/2004) ya
citada en esta resolución, se pronuncia de modo muy contundente en relación a esta cuestión,
negando tal posibilidad. Los delitos contenidos en el capítulo III del título XVII del Libro
Segundo del Código Penal, dice la sentencia citada, protegen "al colectivo social de un mal
en potencia", y "no tutelan un bien o derecho concreto, sino la posición de que la salud del
colectivo se vea menoscabada por cualquiera de las conductas tipificadas en su articulado".
En consecuencia, continua explicando la citada Sentencia, “al igual que ocurre con los delitos
de narcotráfico, no es posible, en tesis general (y salvo casos muy particularizados), la
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