Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, de 29 de abril ...

elación a las bolsas de plasma que, como bien explicó Jordi Segura Noguera en el plenario,
eran las más susceptibles de aportar resultados útiles tras su análisis.
El Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre tiene por objeto a tenor de su artículo 1: “el
establecimiento de las normas de calidad y de seguridad de la sangre humana y de los
componentes sanguíneos, para garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, así
como la determinación al efecto de los requisitos y condiciones mínimas de la obtención,
preparación, conservación, distribución, suministro y utilización terapéutica de la sangre y sus
componentes, y, asimismo, respecto a los locales, material, instrumental y personal de los
centros y servicios de transfusión sanguínea.”
En buena lógica, si esas normas de calidad y seguridad no se cumplen, no se garantizará la
calidad y seguridad de la sangre humana o, al menos, no se garantizará en tan alto nivel. El
perito de la defensa Antonio Rico nos puso de manifiesto en el acto del Juicio una serie de datos
estadísticos oficiales tendentes a acreditar el bajo nivel de riesgos que ofrece el sistema público
español en materia transfusional. Evidentemente, si los riesgos no son elevados es porque se
cumplen las normas. Y para que esos riesgos se mantengan en un nivel bajo o aceptable es para
lo que se establecen unas normas estrictas y exhaustivas en materia tan delicada.
Sigamos con el Real Decreto del 2.005. El artículo 2 establece expresamente que se aplicará a la
autotransfusión (apartado c), además de a la extracción y verificación de la sangre humana o sus
componentes, sea cual sea su destino y al tratamiento, almacenamiento y distribución de la
sangre humana o sus componentes cuando el destino sea la transfusión.
El art. 3 establece que “la obtención, preparación, almacenamiento, distribución y suministro de
sangre humana y de sus componentes estarán sujetos al control y dirección de la autoridad
sanitaria competente”. Este precepto ha de ponerse en relación con el art. 29 del propio Real
Decreto que regula la necesidad de autorización de los centros de transfusión, estableciendo: “1.
Por su propia naturaleza y por el interés público sanitario y social que comportan, las
actividades relativas a la extracción y procesamiento de la sangre humana y de sus
componentes, sea cual sea su destino, y a su tratamiento, almacenamiento y distribución cuando
el destino sea la transfusión, serán realizadas únicamente por los centros de transfusión
sanguínea que hayan sido autorizados a tal efecto por la autoridad sanitaria competentes”.
Ambos preceptos han de ponerse a su vez en relación con la Regulación contenida en el Real
Decreto 1277/2003, de 10 de octubre por el que se establecen las bases generales sobre
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