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POLÍTICAS PARA EL CONTROL DEL TABacO EN MÉXICO
conjunto de IEPS más IVA, quedará en 69.2 por
ciento por cajetilla de cigarros enajenada, a partir
del primer día del año 2011.
Propuesta de reforma legislativa
en las entidades federativas
y el Distrito Federal
Por mandamiento constitucional, son obligaciones
de todos y cada uno de los mexicanos contribuir al
gasto público, ya sean de la federación, los estados
o municipios y del Distrito Federal; contribución
que deberá ser de la manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes, federales o estatales,
tal y como lo mandata la fracción IV del artículo 31
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Asimismo, por disposición constitucional, las
facultades que no estén expresamente concedidas
por esa Constitución a los funcionarios federales,
se entienden reservadas a los estados, según lo
dispone el numeral 124 de la propia Carta Magna
mexicana; por ende, cuando en ella se faculta a la
federación a gravar los ingresos de las personas
morales o físicas, es constitucionalmente posible
que cada entidad federativa, grave los egresos de
esas personas, por ejemplo, como sucede con el
impuesto local sobre nóminas del estado de Guerrero
o el del Distrito Federal.
Además, por mandato constitucional, la materia
de salud resulta ser una facultad concurrente de
los funcionarios federales, estatales y municipales,
teniendo como base la Ley General de Salud, como
la legislación básica. Por lo anterior, resulta posible
que cada uno de esos tres órdenes de gobierno
prevenga en su respectiva legislación de hacienda
local, las contribuciones o gravámenes fiscales que
por el egreso se genere, es decir, la legislación federal
grava los ingresos y las legislaciones estatales
lo egresos de las personas físicas o morales.
De manera más específica, la propuesta legislativa
debe incidir en el precio de compra de
aquellas personas que acceden a los productos de
tabaco, pero desde una perspectiva sanitaria, para
que, como consecuencia, se logre la disminución
del consumo de productos de tabaco, consiste
básicamente en que las entidades federativas
consideren que, de acuerdo con el artículo 124 de
la Constitucional General de la República, se faculta
a cualesquiera de éstas a realizar lo que no
compete a la federación. Lo anterior permite la
posibilidad de que una legislatura local imponga un
gravamen estatal a los egresos de los particulares
por transportar, almacenar y distribuir cajas o cajetillas
o contenedores, así como para asentar por
medios electrónicos o por medio de una imprenta
un “código de barras” o “código alfanumérico” en
cada cajetilla de cigarros o puros, para registrar e
inventariar las cajas o cajetillas de cigarros o puros,
conocidos en la legislación mexicana como tabacos
labrados.
Dicha propuesta, como impuesto local, se
vuelve conducente por el principio constitucional
de facultades concurrentes entre los estados y la
federación, ya que, las entidades federativas están
facultadas para gravar egresos no regulados por la
federación. Se debe mencionar que ésta (la federación)
tiene la atribución para gravar la enajenación
en territorio nacional o, en su caso, la importación,
definitiva, de los tabacos labrados que comprenden
tanto a los cigarros, puros u otros tabacos labrados;
asimismo incluye los puros y otros tabacos
labrados enteramente a mano. De esto se advierte
que no tiene la facultad para gravar el transporte,
almacenamiento o distribución de los mismos.
Conclusión
La epidemia del tabaquismo en México es definitivamente
un problema de salud pública que ha
atendido el Estado mexicano a través de la Ley
General de Salud, pero también de la Ley General
para el Control del Tabaco, para que, el sistema
nacional de salud, a través de las autoridades sanitarias,
conforme a las facultades concurrentes,
atienda el derecho consagrado en el artículo 4º de
la Constitución Política de México, relacionado con
la protección de la salud.
En este sentido, si bien es innegable que existe
legislación suficiente para atender los padecimientos
que deriven del consumo de productos de
tabaco, también es cierto que su atención, merma
las acciones que en políticas públicas pudieran realizarse
en otras materias a través de las secretarías
de salud federal y de los estados.
Por otra parte, se debe reconocer que el problema
real no estriba en el consumo de productos
de tabaco o la atención medica o medicamentosa
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