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Etiquetar los impuestos de los productos de tabaco en México
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo,
en cuanto al segundo, esto no es así, debido a
que ni siquiera se ha planteado una reforma legal
que obligue a las autoridades fiscales a destinar
a un fin específico la recaudación de un determinado
impuesto, en los términos que más adelante
se detallan. Hubo un intento que fue considerado
inconstitucional por la SCJN, básicamente, por
considerar que se violaba la autonomía financiera
de las entidades federativas.
Por ello, las siguientes líneas discurrirán sobre la
posibilidad o no, en el marco del sistema tributario
mexicano, de destinar a un fin específico (más
que “etiquetar” –ya se verá por qué preferimos no
utilizar éste término) las cantidades que deriven
de la recaudación del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) aplicable a productos
del tabaco.
Para tal efecto, primero nos referiremos al mandato
constitucional que obliga a que los recursos
generados con motivo de la recaudación de contribuciones
se destinen a la satisfacción del gasto
público, para después escribir sobre las reformas
recientes en materia del IEPS (2009-2011) aplicable
a los productos del tabaco que han permitido
alcanzar un par de objetivos centrales (inhibir el
consumos de tabaco y obtener un recaudación adicional)
y finalmente abordaremos el tema relativo
a si es posible o no darle un fin específico (gasto
en salud pública para combatir las enfermedades
producidas por el tabaquismo) a la citada recaudación
adicional del IEPS aplicable a los productos
del tabaco.
II. Principio constitucional de destino
al gasto público de una contribución
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV, establece
los principios que fundamentan la forma en que
debe ejercerse la potestad impositiva del Estado
mexicano. Estos principios son: i) legalidad; ii)
proporcionalidad; iii) equidad, y iv) destino al
gasto público.
De ellos, el que nos interesa es éste último, es
decir, el relativo al “destino al gasto público”, ya
que en función a la definición de su alcance, en
relación con las disposiciones de la Ley de Coordinación
Fiscal, podremos llegar a la conclusión de
si es posible o no destinar lo que se recaude con
motivo del IEPS en materia de tabaco a solventar
los gastos en salud que genera el tabaquismo.
El principio el destino del gasto público constituye
una obligación para el Estado y, por tanto, un
derecho fundamental, que consiste en que todas las
contribuciones que establezcan las leyes, además
de ser proporcionales y equitativas, deben estar
destinadas al gasto público.
Dicho principio, como se mencionó, encuentra
sustento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Política mexicana, misma que establece:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación,
como del Distrito Federal o del estado y
municipio en que residan, de la manera proporcional
y equitativa que dispongan las leyes.
Mediante este principio, cualquier contribución
que se establezca debe estar destinada al gasto
público, de lo contrario el impuesto sería inconstitucional
por violar lo dispuesto en el mencionado
artículo 31 fracción IV.
En este sentido, lo importante es definir qué
se entiende por “gasto público”, con el objeto de
establecer cuál es el cauce que debe darse a la
cantidad recaudada por concepto de una determinada
contribución y así lograr que se cumpla con
el citado principio.
Al respecto, diremos que por “gasto público”
debe entenderse el conjunto de erogaciones realizadas
por el Estado para satisfacer las funciones y
servicios públicos en beneficio de la colectividad
y que se encuentran estipuladas en el presupuesto
de egresos de la federación o en cualquier otra
ley posterior (artículos 74, fracción IV y 126 de la
constitucionales).
GASTOS PÚBLICOS, CUÁLES SON. Por gastos públicos
no deben entenderse todos los que pueda hacer
el Estado, sino aquellos destinados a satisfacer las
funciones y servicios públicos.
GASTO PÚBLICO. Del artículo 31, fracción IV, de la
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece la obligación de los mexicanos
de “contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como del Distrito Federal o del estado y
municipio en que residan, de la manera proporcional
y equitativa que dispongan las leyes”, en relación
con los artículos 25 y 28 de la propia Constitución,
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