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POLÍTICAS PARA EL CONTROL DEL TABacO EN MÉXICO
las sentencias, los contratos y otros actos jurídicos,
encontrándose, posteriormente, en orden
ascendente los actos administrativos con efectos
jurídicos generales; reglamentos; leyes ordinarias,
orgánicas y reglamentarias, así como tratados internacionales,
hasta llegar al vértice de la pirámide
en el que se encuentra la carta magna.
Esta supremacía que encuentra su fundamento
en el artículo 133 constitucional deviene de dos
razones esenciales; en primer lugar, porque las normas
contenidas en la Constitución son el resultado
de la decisión del poder Constituyente que, en un
sistema democrático, es la fuente de legitimación
del poder político y del orden jurídico y, en segundo
lugar, porque en ella se expresan los contenidos
esenciales de un Estado, es decir la organización
del poder político y los derechos fundamentales
de las personas. 3
Para Riccardo Guastini las normas que prevé la
Constitución son fundamentales dado que: 4
l Regulan la organización del Estado y el ejercicio
del poder estatal, así como la conformación de
los órganos que ejercen esos poderes;
l Regulan la legislación, y
l Regulan las relaciones entre Estado y los ciudadanos
(por ejemplo las normas que reconocen
los derechos de libertad).
Para el doctor Miguel Carbonell esta superioridad
deriva, cuando menos, del hecho de que la
Constitución crea los poderes públicos del Estado;
delimita sus funciones; recoge los procedimientos
de creación normativa; incorpora los valores esenciales
o superiores de la comunidad y reconoce los
derechos humanos o derechos fundamentales que
han de ser protegidos por los órganos del Estado.
Los derechos humanos o fundamentales que
la Constitución ha reconocido, cuya observancia
es indispensable para garantizar la validez constitucional
de las otras normas del orden jurídico,
tienen por objeto la protección de los intereses
vitales de todo individuo, con independencia de
sus gustos personales, de sus preferencias o de
cualquier circunstancia que pueda caracterizar
su existencia. 5
Para Luigi Ferrajoli, esta clase de derechos son
todos aquellos derechos de carácter subjetivo que
corresponden universalmente a todos los seres
humanos por el simple hecho de contar con la
calidad de personas, ciudadanos o de personas con
capacidad de obrar. 6
En el derecho internacional de los derechos
humanos se ha reconocido que la salud es uno de
los bienes más preciados por las personas, siendo
indubitable que su protección es una de las tareas
esenciales de los modernos Estados democráticos.
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ha reconocido en nuestro orden jurídico
el derecho humano de la protección de la salud,
tal y como se puede observar en el párrafo cuarto
del artículo 4 de la Carta Magna, cuyo texto es el
siguiente:
Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general, conforme
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución.
El derecho a la protección de la salud tiene por
objeto proteger el bienestar físico y mental de los
seres humanos para contribuir al ejercicio pleno
de sus capacidades, así como a la prolongación y
mejoramiento de la calidad de vida humana. 7
En el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, se reconoce que entre las medidas
que deben adoptarse para asegurar la plena
efectividad de este derecho figuran la prevención
y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha
contra ellas, así como la creación de condiciones
que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.
La protección de este derecho humano genera
para los órganos del Estado mexicano dos tipos de
obligaciones. Por un lado las constriñe a abstenerse
de ejecutar actos y acciones que menoscaben la
salud de los individuos y, por la otra, les manda desplegar
acciones positivas para proteger, garantizar
y promover la salud, ya sea emitiendo regulaciones
e implementando políticas y programas orientados
a disminuir o erradicar los factores de riesgo para
la salud, o bien, proveer de servicios de salud a la
población que lo requiera.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
las obligaciones que este derecho humano genera
para los órganos del Estado se cumplen mediante
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