cias carcinogénicas u otras severas para la salud humana del usode productos químicos tóxicos. Han enterrado informes científicosserios de que el herbicida más generalizado del mundo, glifosato, elingrediente esencial en el herbicida Roundup de Monsanto vinculadoa mayoría de las semillas genéticamente modificadas de Monsanto,es tóxico cuando se escurre al agua potable. De hecho, Dinamarcaprohibió el glifosato en 2003 cuando confirmó que había contaminadoel agua subterránea del país (Engdahl, 2007).Para concluir esta parte, hemos visto que la biotecnología era representadacomo una solución moralmente necesaria para las crisisambientales y del desarrollo; una solución al hambre, a la pobreza ya los problemas de contaminación, a la falta de protección del medioambiente y la biodiversidad y el cambio climático (Moser, 1995). Elmismo valor moral fue atribuido a su predecesora inmediata, la RevoluciónVerde, pero una vez consolidada, esta altura moral, permitióque sus creadores estuvieran en posición de juzgar y decidir qué eralo que valía la pena que perdure y qué no.Bioseguridad¿Qué significa Bioseguridad? El término “bioseguridad” se refierea la seguridad ante la biotecnología moderna, que comprende lastécnicas para la generación de nuevas variedades genéticas mediantela introducción directa de genes de la misma especie o de especiesmuy diferentes (incluidas bacterias y virus) que dan origen a losorganismos llamados transgénicos, organismos vivos modificados, uorganismos genéticamente modificados entre otras denominaciones(Rey Santos, 2005). La normativa boliviana define la bioseguridadcomo: Todas las acciones o medidas de seguridad requeridas paraminimizar los riesgos derivados del manejo de un OGM, y la utilizaciónde la tecnología del DNA recombinante (ingeniería genética) yotras técnicas moleculares modernas. (Reglamento de Bioseguridad.DS Nº 24676, 21/06/1997)Es importante destacar que se reconoce mundialmente que losOGM introducen nuevos riesgos para la salud y el ambiente y quedeben ser tratados de manera diferente de los demás organismos ysus productos. Por eso existe el Protocolo de Cartagena, un acuerdointernacional, vigente desde el 11-09-2003 (Haynes, 2004).La prevención de riesgos es la esencia de la bioseguridad y portanto requiere que se evalúe las posibles consecuencias peligrosasde una acción y crear un marco legal que restrinja o prohíba dicha acción(Haynes, 2004), pero esto trae algunos problemas. De acuerdoa Rey Santos (2005), Considerando la fiscalización, las evaluacionesde riesgo y estudios científicos independientes, necesarios, es evidenteque los controles necesarios para garantizar la bioseguridadfrente a los riesgos de los OMG son complicados, involucran el usode costosa infraestructura y tecnología de punta, personal técnico altamentecalificado y se necesita un sistema administrativo moderno yeficiente. Crear tal marco de bioseguridad significa un enorme costopara los países pobres para protegerse de riesgos que, en su mayorparte, están siendo impuestos por intereses comerciales transnacionales.Es un gasto innecesario porque no existe ninguna necesidadde las plantas transgénicas ya que no ofrecen ningún beneficio parala alimentación ni para la agricultura.Enfrentamos una marcada dependencia de biotecnologías externas,a lo que se une la incapacidad de evaluarlas correctamente,salvo cuando existe de por medio un apoyo también externo, lo cualsuele provocar resultados negativos para su aceptación. Debido aesta dependencia la discusión de las normativas se convierte en elterreno donde se termina tratando de conciliar –o confrontar – laspolíticas. (Rey Santos, 2005) Es notable que en el caso de Bolivia,fuera Monsanto la que financió y determinó la metodología para quelas autoridades bolivianas monitorearan sus experimentos, como veremosmás adelante.Bolivia, como muchos otros países del Tercer Mundo, ha legisladosobre el tema, pero las estructuras institucionales y marcos legales,L O S R E C U R S O S N A T U R A L E S E N B O L I V I A 179
no funcionarán sin los recursos humanos, que han de estar dotadosde los medios materiales necesarios, lo cual comprende desde losencargados gubernamentales de la toma de decisiones, el monitoreoy control, hasta las necesidades científicas endógenas. Todo ello eshoy insuficiente – con las consabidas diferencias nacionales- para garantizarsistemas efectivos (Rey Santos, 2005). Bolivia es altamentedependiente del apoyo externo para las investigaciones. Además laComisión de Bioseguridad actúa a través de organismos integradospor representantes de la empresa privada, cuyos intereses coincidencon los de las transnacionales que deben evaluarse.Biotecnología y bioseguridad en BoliviaSegún el presidente de la Comisión Nacional de BiotecnologíaPNUDB, Luis Felipe Hartman, que fue rector de la UMSA, bajo el régimendel CNES en la dictadura de Banzer, el año 1987 la delegaciónboliviana que retornaba de la reunión de Sobela en Bruselas-Bélgica,y la reunión de octubre en Caracas organizada por la CorporaciónAndina de Fomento plantearon el desarrollo de esta tecnología en elpaís y en 1994 ya se veían los frutos. El evento donde se daba estosdatos se realizó con el apoyo de PNUDB; OMS, PROCISUR, IICA,COTESU, sistemas Profesionales SRL, Import-Export San Martín,IBTA, PROINPA, Cámara Junior-Cochabamba y Red Boliviana deBiotecnología. (Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería; InstitutoBoliviano de Tecnológica Agropecuaria; Programa de Investigaciónde la Papa, 1994 )En julio del 97, el gobierno promulgó el Reglamento de Bioseguridadmediante Decreto Supremo Nº 24676 del 21 de junio de 1997,cuya finalidad es minimizar los riesgos y prevenir los impactos ambientalesnegativos de los organismos genéticamente modificados.El Comité de Bioseguridad estaba integrado por 7 representantes delgobierno y 2 del sistema universitario (FOBOMADE, sfe). Este DSfue creado con los fines expresados por el Comité de Bioseguridad.Sin embargo, a pesar de los artículos 2 y 3, este Comité en realidadse ocupó de dar las autorizaciones, de legalizar la introducción de lostransgénicos en el país.La realización de pruebas de campo del algodón Bt y soya transgénicade Monsanto fue encargado al Comité Regional de Semillas,el cual incluye entre su miembros representantes de empresas comercializadorasde insumos agrícolas. Los costos del monitoreo ymetodología fueron cubiertos por MONSANTO.Otros ejemplos fueron el de PROINPA quien solicitó una licenciapara papa transgénica. Agricultores de varias zonas andinas reunidosen Sipe Sipe, al conocer la solicitud rechazaron las pruebasmediante nota al MMA amenazando destruir los campos. Tambiénexpresaron su rechazo ONGs de Bolivia y del exterior. Ante el rechazomencionado, el 5 de junio 2000 PROINPA desistió de llevar acabo las pruebas.Desde la óptica de las organizaciones sociales quizá la más contundentefue la acción de la CSUTCB quien asumió el problema delos transgénicos, logrando que el gobierno de Banzer firme el DS25929 suspendiendo durante el plazo de revisión establecido todaslas pruebas de campo para la producción de alimentos transgénicos,hasta la emisión del informe final en el que se establecerían las recomendacionessobre las complementaciones a los reglamentos deacceso a recursos genéticos y bioseguridad.En enero 2001 el Ministerio de Agricultura dicta la RS 001 queprohíbe por un año la importación de productos, subproductos yalimentos de origen agrícola, elaborados a partir de productos genéticamentemodificados. Ante esto, la Argentina inicia un procesocontra Bolivia ante la OMC por constituir la resolución una trabaarancelaria al comercio.En mayo del 2001 organizaciones de Bolivia, Ecuador y Colombia,realizan el 16 de abril un muestreo de alimentos donados porEEUU, encontrándose maíz transgénico Starlink que estaba prohibidopara consumo humano en los Estados Unidos, en lotes de ayuda180B I O T E C N O L O G Í A E N B O L I V I A
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