A

sino e indígena que buscaba convertirlo en mano de obra barata sinsalario, lo cual es diametralmente opuesto a lo que se puede conseguircon el saneamiento a través de la consolidación de un espacioterritorial con recursos para gestionar libremente o en asociacionesvoluntarias.Esto hizo que emergiera especialmente en Pando, un movimientosocial que adquirió dimensiones sorprendentes. La Federación deCampesinos de Pando adquirió una gran importancia en la Amazonía,y sus bases protagonizaron movilizaciones como nunca antes sehabía visto exigiendo la anulación del decreto.Sin embargo, los barraqueros lograron un nuevo decreto (DS25783) que ampliaba por tres meses el plazo del DS 25532 parala conversión de las barracas en concesiones forestales (Aramayo,2004). Ante esto el movimiento integrado por la Federación Sindicalúnica de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTC-Pando), laFederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la ProvinciaMadre de Dios (FSUTC_Madre de Dios), la Centra Única deTrabajadores Campesinos de la Provincia Vaca Diez (FSUTC_VacaDiez), la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRA-BO), y la Central de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Pando (CI-POAP), cobró tal fuerza que después de grandes movilizaciones selogra la abrogación del DS 25532 y el DS 25783, el 7 de julio del año2000, gracias a la III Marcha. Resultado de esta es un acuerdo con elgobierno, cuyas partes más importantes siguen a continuación.a) Abrogación del decreto barraquero;b) Abrogación de la Resolución 098 del lira;c) La definición de 500 has como mínimo por familia en el norte amazónicopor las características extractivistas del departamento, loque culmina con una propuesta que se venía madurando desdejunio del 98;d) La declaratoria mediante decreto de área de saneamiento simplede oficio al departamento de Pando y provincia Vaca Diez delBeni, provincia Iturralde norte de La Paz, por un año, Chaco y elBeni por 2 años; y,e) Finalmente el inicio del proceso de saneamiento en PandoLa contrarreforma agraria post-BanzerEl acuerdo anterior sin embargo, no trajo la paz. Una serie de medidasa nivel de gobierno, se sucedieron en el transcurso de los añossiguientes representando los intereses que habían inspirado el decretobarraquero. De acuerdo a un seguimiento hecho por el CEJIS,entre las principales medidas están el Decreto 27024 de regulaciónde la patente forestal, aprobado por el gobierno de Sánchez de Lozada(agosto 2002 – octubre 2003). Este decreto anula el pago anualobligatorio de la patente forestal de un dólar por hectárea sobre elárea total aprovechable de la concesión y lo sustituye por el pagocalculado únicamente sobre el área de intervención anual, volviendoal antiguo régimen forestal de 1974, que fijaba el pago por “volumende madera aprovechada”, lo que condujo a la explotación selectiva ydepredadora de los bosques. Además, con esta medida se debilitala posibilidad de revertir concesiones madereras por incumplimientoen el pago de sus patentes, favoreciendo así la concentración de losbosques en pocas manos (Rada V., sfe).Según la fuente citada, en agosto de 2003, también en el gobiernode Sánchez de Lozada, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó,dentro de una ley tributaria, una disposición que establece que laverificación del cumplimiento de la Función Económico Social (FES)de las medianas y grandes propiedades no comunitarias, ya no seefectuará en terreno como parte del saneamiento, sino que bastarála presentación de documentos -los denominados Planes de OrdenamientoPredial que emite la Superintendencia Agraria- para quelos grandes propietarios consoliden rápidamente sus predios, aún siestos no cumplieran efectivamente ninguna función productiva.Meses después, durante el gobierno de Carlos Mesa (octubre de2003 – junio de 2005) se aprobó el Decreto 27562 de SaneamientoL O S R E C U R S O S N A T U R A L E S E N B O L I V I A 223