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Partiendo de lo expuesto por Ramírez, podemos decir, a modo deconclusión que el sector minero adquirió derechos casi absolutos sobrelas áreas concesionadas, llegando al extremo de poder dar a lasáreas cualquier otro uso, de mantener sus derechos independientementede su importancia para la economía nacional y a pesar de noaportar al Estado sino miserias 27 . Estos derechos estaban por sobrecualquier otro, contando inclusive con la posibilidad de expropiarlosy extenderse a los recursos naturales que les conviniere. Todo estolas convertía casi en propiedad privada. De aquí se deriva el hechode que sus actividades, como las investigaciones que realizaran pudieranser mantenidas en secreto para el Estado. Otra de las consecuenciasde este sistema fue que adquirieron el control de extensionesde territorio nacional inmensas, de donde se deduce su interéspor limitar o invalidar la legislación y cualquier política ambiental queles afecte. Estas extensiones sumadas a las que comprenden lasconcesiones petroleras, los latifundios y las concesiones forestales,ponen gran parte del territorio nacional en las manos de un pequeñosector de la población, lo cual compromete seriamente cualquierpolítica medioambiental pero además constituye un problema de seguridadinterna del país. En la aplicación de esta política, fue de granimportancia reducir a la COMIBOL a sólo una entidad suscriptora decontratos con el sector privado. 28Frente a este cuadro, el gobierno vino anunciando una próximanacionalización de la minería y un plan nacional e integral para elsector minero. Lo que ocurrió en los hechos, fue la promulgacióndel Decreto Supremo 28901 determinando el fortalecimiento de laEmpresa Minera Huanuni y la incorporación de 4.000 cooperativistasmineros a la COMIBOL. (La Razón, 2006) y el Gobierno, a través delvicepresidente García, fue claro al asegurar que se respetarán todaslas concesiones que el Estado, como dueño de las minas, otorgó alsector privado, nacional y extranjero, manteniéndose el pago simbólicode regalías e impuestos. (El Diario, 2006).Esto quiere decir que el sector minero privado mantiene las basesde su poder y por tanto los intereses por limitar cualquier políticamedioambientalista siguen vigentes.Síntesis de la problemáticamedioambientalEn síntesis, la problemática medioambiental actual tiene que vercon los siguientes campos:LegislaciónLa Ley del Medio Ambiente está desactualizada, y por otra parte,según Gruenberger (2008), faltan las leyes siguientes:Ley de ordenamiento territorial, que defina el destino y la formade uso del territorio, que sea la base de la planificación del territorionacional y de la gestión ambiental.Ley de biodiversidad, que proteja la riqueza genética, de especiesy ecosistemas del país. Si bien existe el reglamento de Áreas Protegidas,tiene menor rango jerárquico frente a leyes sectoriales quedeclaran prioritaria la explotación minera o de hidrocarburos en unÁrea Protegida.Ley de AguasEl sistema legal desarrollado después de la Ley del Medio ambiente,incluyendo la normativa gubernamental (decretos supremos,etc.), se caracteriza por limitar y debilitar dicha ley y en la legislaciónen curso es manifiesta la intencionalidad expresa sobre una flexibilizaciónde la Ley 1333 y sus reglamentos (Ribera A., 2008). Otroaspecto característico es que los efectos han sido contrarios a losprometidos por la nueva legislación.En cuanto a la aplicación de la ley existe negligencia por omisióny corrupción, deficiencia en la aplicación y seguimiento del cumplimientode la normativa ambiental.L O S R E C U R S O S N A T U R A L E S E N B O L I V I A 237