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Según el convenio firmado entre comunidades y empresa, unavez concluida la evaluación en cada comunidad, debía confrontarsecon la evaluación de Resolve 18 y Polaris. Las evaluaciones se abocaríana los impactos directos, excluyendo a los de mediano y largoplazo.En las confrontaciones las representantes de Transredes rechazaronsistemáticamente los reclamos por daños al ganado aduciendola falta de evidencia veterinaria que comprometiera a Transredes.La misma suerte corrieron otros perjuicios, como la depreciación delas tierras, jornadas de trabajo perdidas, daños a los caminos, etc.Como resultado de estas negociaciones, el monto final de la cuantificaciónde daños acordado entre los evaluadores fue, en general,el 31,50% de las cifras obtenidas por los evaluadores que representabana las comunidades. Sólo en algunos casos las compensacionesse reajustaron por el descontento de la gente.Una vez acordado el monto de compensación entre evaluadores,se sometía a consideración de la comunidad. De aprobarse sefirmaba un convenio de transacción. En caso contrario se recurriríaal arbitraje. Sólo dos comunidades, Chuqiña y Japo, se negaron afirmar el convenio.Este proceso generó serias desavenencias entre las comunidadesy “sus” evaluadores. Los pobres resultados alcanzados por estosen las confrontaciones podían atribuirse a que sus honorarios lospagaba la empresa y a las condiciones de su contrato que los condicionabaal número de fichas de reclamo atendidas, al tamaño dela superficie afectada por comunidad y al carácter “conflictivo” o node esta. Esto es que los evaluadores representaban de hecho a laempresa, no a las comunidades. No era pues extraño que muchascomunidades ni siquiera hubieran llegado a conocer los resultadosde su trabajo.Un caso que muestra los extremos a los que llegó Transredes, esel de la comunidad Chuquiña, que desaprobó el trabajo de su evaluador.Ante esto, el evaluador, optó por no entregar el documento a lacomunidad, pero si a Transredes, que lo adoptó como la evaluaciónoficial y premió al evaluador con un empleo en sus filas.La auditoríaLa realización de la auditoría ambiental a pesar de su obligatoriedadfue retrasada injustificadamente por el gobierno y se iniciórecién seis meses y medio después del desastre. Su realización sedebió a las movilizaciones de los afectados y de las institucionescívicas regionales. La contratación de la auditoría ambiental fuetambién irregular. Cuatro empresas se habían presentado para realizarla,pero Transredes impuso el contrato de la ENSR, una viejacliente.Una vez iniciada la auditoria, se evidenció que se estaba realizandosin la supervisión del gobierno, por ello el Comité Cívico deOruro, FOBOMADE y LIDEMA, solicitaron la participación de dos desus representantes en la fiscalización de la auditoria. No obstante, apesar del basamento legal de su pedido, tuvieron que “pelear” con laburocracia gubernamental para la designación de los fiscales, quienescomenzaron su labor recién en diciembre –estando la auditoríaya bastante avanzada-. Y más aún, los fiscales fueron disminuidosa la calidad de “observadores”, limitándose su acceso a sólo los informesfinales.Transredes retrasó la auditoria de varias maneras, entre ellas,postergando la firma del contrato. Mientras tanto se dedicó al recojode la fauna silvestre fallecida a causa de la contaminación, y condicionandolos convenios con los comunarios a que estos enterraransu ganado muerto. Más tarde se darían cuenta los comunarios quecon esto habían destruido las evidencias que necesitaban para sercompensados.Como se indicó antes, las comunidades habían recurrido en uncomienzo a varias instituciones, incluyendo al Estado en busca de218C O N F L I C T O S S O C I O A M B I E N T A L E S