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la prefectura de Potosí rescinde la concesión por considerar que elagua no era usada para los fines que fueron otorgadas.A partir de 1999 se inicia un nuevo periodo caracterizado por lapresencia y actuación de empresas interesadas en la exportación delas aguas de Silala, entre otras aguas de la región, así como tambiénpor la elaboración de la legislación y normatividad correspondiente.Los intereses empresariales llegan inclusive a arrastrar a la comunidadQuetena a prestarse de testaferro de empresarios privados en lapugna por las aguas.Este fenómeno debe ser considerado como parte del contextodado por la política de privatización de aguas de los gobiernos neoliberales.La cooperación internacional también tuvo su parte en elproceso de privatización; la GTZ apoyó estas políticas con tinte desociedad anónima mixta (Madani M., 2007).Con estas políticas se entregaron: Aguas del Tunari en Cochabambaa la Bechtel de los Estadas Unidos; Aguas del Illimani en LaPaz a la Suez de Francia. Los manantiales de las aguas de Silalafueron entregadas el 25 de abril 2000 a la empresa fabricada Ductec(Madani M., 2007) después de un licitación cuestionada por susirregularidades, que establecía que: “la infraestructura existente parasu uso debe ser negociada con quien corresponda” reconociendoderechos a Chile. 12Además se otorgaron concesiones mineras que en realidad buscabanla exportación de las aguas subterráneas, una de ellas fuea favor de la empresa Corporación Boliviana de Recursos HídricosCOBOREH boliviano - norteamericana, la cual, con apoyo del gobiernologró hacer aprobar la Ley 2267 de apropiación y exportaciónde las aguas subterráneas (agua fósil) de la región del sudoeste potosino.Para comprender el interés de Chile en las aguas de Silala, esilustrativo que empresas de la magnitud de la “Río Tinto Zinc”, decuyo directorio era miembro Gonzalo Sánchez de Lozada, tambiénestaban interesadas en estas aguas por la escasez de agua para laminería del norte chileno (El Diario, 2004).La política de privatización de Silala fue frenada por la oposiciónsocial, especialmente en Potosí y lo mismo ocurrió con la ley 2267.Las comunidades rurales y comités cívicos lograron hacer sustituirdicha ley por la Ley 2704 de Desarrollo Integral que prohíbe la exportaciónde las aguas subterráneas y superficiales. También lograronhacer que se anulara la concesión a la DUCTEC. Después de esto,la situación quedó en que las aguas siguen fluyendo gratuitamentea favor de Chile.El comportamiento de la CancilleríaDesde su descubrimiento, las aguas del Silala fueron presentadascomo un río, porque esto daba a Chile el derecho de usarlascomo se hace con las aguas transfronterizas de un flujo de ese tipo.Aquí ha radicado la principal diferencia con Bolivia que sostiene quese trata de un manantial.El comportamiento de la cancillería respecto a la cuestión de estasaguas a través de los años ha sido errático. Varios cancilleres y,recientemente, el 12 de agosto del 2006, el cónsul general de Boliviaen Chile (La Prensa, 2006) declararon que las aguas del Silala sonun río y que por tanto corresponde su tratamiento en el marco dela legislación internacional, lo cual ha sido siempre la posición deChile.Llama la atención que el excanciller (1997-1999) Javier Murillo dela Rocha era socio de DUCTEC, empresa que se adjudicó las aguasdel Silala, y que a pesar de ello, al 30 de enero del 2004 también eramiembro de la Junta de Asesoramiento Estratégico de la cancillería.Otro funcionario de gobierno, el Ing. Gómez García, hidrólogo asesordel Ministerio de Desarrollo Sostenible en las gestiones del MinistroCavero de los gobiernos de Banzer/tuto Quiroga y que continuaba enesas funciones aproximadamente hasta el 2004 era también sociode esa empresa. 21226C O N F L I C T O S S O C I O A M B I E N T A L E S