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zonas no perturbadas hacia zonas externas o periféricas de cazao captura).• Provisión de Corredores y refugios para la fauna silvestre.• Producción de alimentos, materias primas y recursos genéticos.• Recreacionales , culturales y de identidad.Más de un 70 % de los espacios naturales de las Áreas protegidasestán ocupados por ecosistemas de muy alta fragilidad ecológica,los cuales sufrirían una acelerada degradación bajo formasde uso agropecuario, los cuales se tornarían insostenibles ya en elcorto plazo. Estas zonas cumplen otras funciones como el aporte deservicios ambientales, u otras modalidades de uso como el ecoturismoo el manejo de los recursos de la biodiversidad. Las poblacionesy comunidades que viven dentro las Áreas protegidas, ocupan laszonas menos frágiles y más aptas para las actividades tradicionalesque realizan.La población que habita las Áreas protegidas y tiene derechosal uso y conservación de los recursos naturales es de aproximadamente120.000 habitantes (19.000 familias); la población vinculadacon las áreas protegidas a través de los espacios regionales circundanteses de aproximadamente 1,5 millones de habitantes, queincluye a la población de las secciones municipales involucradas ensu gestión y que representa el 18.% de la población del país (Ribera,2008).Ribera ha elaborado un diagnóstico de la situación de las áreasprotegidas, que resumimos a continuación. Este autor manifiesta quesobre la situación de las áreas protegidas y su débil institucionalidad,se puede decir que el SNAP nunca gozó de una adecuada estabilidadoperativa por las limitaciones presupuestarias, técnicas, normativasy de apoyo estatal. Actualmente se debate en una situacióncrítica, inmersa en el Ministerio de Desarrollo Rural y ocupando elúltimo lugar en la agenda de las autoridades, ésto a pesar de que lasorganizaciones indígenas han asumido la gestión del SNAP.Las áreas protegidas han estado siempre en desventaja normativay jerárquica antes sectores poderosos de la economía comohidrocarburos o minería. Su condición de tierras fiscales supuestamenteprotegidas por el Estado no sirvió de nada ante procesosatentatorios normalmente amparados por normas poderosas comola Ley de Hidrocarburos o el Código minero. Al no contar el SNAPcon una ley específica ocurrió que varias áreas protegidas como elTIPNIS, Carrasco, Tariquia o Agüaragüe sufrieran embates de lasempresas petroleras como REPSOL, PETROBRAS o CHACO, lascuales burlaron en la mayoría de los casos los compromisos de mitigacióny control de impactos ambientales y sociales (Gavalda, 1999;Mamani et al. 2003; en Ribera, 2008). En la mayoría de los casos elmayor perjuicio lo llevaron las poblaciones indígenas y campesinasque viven dentro de las áreas protegidas.El Estado nunca asumió la responsabilidad financiera del funcionamientodel SNAP. Actualmente en una época más holgada tampocoparece haber una respuesta positiva del Estado a este respecto.El siguiente sucinto recuento muestra la situación en la que se encuentranen cuanto su estado de conservación y de gestión:Áreas protegidas en estado extremadamente crítico de gestión:enfrentan presiones de avasallamientos y uso desordenadode los recursos. Al mismo tiempo pueden enfrentar graves amenazaspor grandes proyectos: Debilidad de gestión y limitacionesde personal y capacidades logísticas: ANMI San Matias, PNANMIOtuquis (graves amenazas por megaproyectos y polo de desarrolloindustrial), PN. Carrasco (impactos y amenazas del avance dela colonización y el cultivo de coca), PNANMI Aguarague (impactosde la explotación petrolera y gasífera)Áreas protegidas en estado crítico de gestión, enfrentan diversostipos de presiones de gran magnitud e intensidad creciente:Reserva-TCO Pilón Lajas (avasallamientos de colonos, motosierrismo);PNANMI Madidi (amenaza de camino que lo partiríaen dos; avasallamientos, corte de madera); Reserva EduardoL O S R E C U R S O S N A T U R A L E S E N B O L I V I A 209