El lenguaje en las ciencias, el derecho y las bellas artes

Lenguaje de las constituciones políticas en la República de Chile
adecuado lo fue para unir lo que estaba dividido. El territorio nacional se
dividió en ocho provincias a cargo de Intendentes.
En 1826 se dispone que la persona que administra el poder ejecutivo
nacional “se titulará en adelante Presidente de la República”.
En junio de 1827 se disuelve el Congreso Constituyente y se nombra una
comisión encargada de formar un nuevo Proyecto de Constitución y Convocación
de otro Congreso Constituyente para el 12 de febrero de 1828.
Volviendo a la normalidad, se deja atrás el lenguaje del estado federal
y, como lo dijera el vicepresidente de la República a la Nación el 8 de
agosto de 1828: “Ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestra
libertad”, agregando que “ella no puede existir y jamás ha existido sin leyes
fundamentales”.
El lenguaje de esta Constitución establece, en su Mensaje, “las más formidables
garantías contra los abusos de toda especie de autoridad; de todo
exceso de poder, preocupándose especialmente del perfeccionamiento
del poder judicial”. La Carta se propone reencauzar nuestra institucionalidad
basada en la división de los poderes públicos, a los que fija sus
atribuciones entregándole a la Corte Suprema el control supremo de la
constitucionalidad, adelantándose a la época y siguiendo el ejemplo de la
constitución norteamericana. Sin embargo, la interpretación de las disposiciones
de la Carta queda entregada al Congreso Nacional, materia que
hoy es propia de los Tribunales Constitucionales.
Debemos destacar especialmente que, en el lenguaje de esta Constitución,
el titular del poder judicial se denomina Corte Suprema, y que el
artículo 96 Nº 7 le otorga competencia para conocer de las infracciones a
la Constitución.
En definitiva, es el preámbulo de la nueva institucionalidad chilena
que se establecerá en la Constitución de 1833, en la que tuvo especial participación
Diego Portales y que constituye una reforma a la Constitución
de 1828, aprobada por la gran convención de Chile, llamada por ley de 1º
de octubre de 1831 a reformar o adicionar la Constitución Política vigente
de la nación.
Es por ello que no haremos más comentarios al respecto, por cuanto se
encuentran reproducidos en la Carta de 1833.
En ésta, en un breve y preciso mensaje, Joaquín Prieto, presidente de la
República, con un lenguaje elocuente, jura del modo más solemne cumplir
y hacer cumplir sus disposiciones.
Se dicta esta nueva Constitución Política recogiendo las experiencias
chilenas y extranjeras, logrando un texto consolidado que, con las variantes
del tiempo, se mantiene en su esencia hasta hoy.
Además del orden, que plasma en un claro lenguaje, incorpora numerosos
elementos, como los contenidos en sus artículos 2º, 3º, 4º y 5º,
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