El lenguaje en las ciencias, el derecho y las bellas artes

Lenguaje de las constituciones políticas en la República de Chile
El Decreto Ley Nº 1, Acta de Constitución de la Junta de Gobierno,
establece que con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen
el mando supremo de la Nación los comandantes en jefes de las tres
Fuerzas Armadas y el de Carabineros de Chile.
El Tribunal Constitucional, recientemente establecido, se disuelve, manifestando
el Decreto Ley Nº 119 de 10 de noviembre de 1973 –empleando
un lenguaje preciso– que su existencia es innecesaria.
Se reemplazan los titulares de los poderes constituyentes legislativo y
administrativos, destacándose las expresiones vertidas en el DL 788.
Se ordena el quehacer político del país, especialmente en el área económica,
destacándose la incorporación al sistema constitucional del recurso
de protección de las garantías constitucionales que se contempla en el
art. 2º del Capítulo III del Acta Constitucional Nº 3, y el amparo procesal
en el art. 3º.
El DL 527 aprueba el Estatuto de la Junta de Gobierno y, en lo que interesa
en esta parte, su art. 3º mantiene la independencia del Poder Judicial,
empleando un lenguaje impreciso.
Más adelante, la Junta de Gobierno dirá en términos claros que, no
obstante la validez de los principios antes consignados y por exigencia
que surge de la necesidad de otorgar plena certeza al rango jerárquico de
los preceptos legales, y de no dejar en situación incierta el contenido de
los derechos y obligaciones que corresponden a los particulares, se hace
conveniente precisar la situación jurídica de los distintos decretos leyes
dictados o que dicte la Junta de Gobierno frente al texto de las normas
constitucionales.
El lenguaje escrito se emplea para destacar en el Título Segundo del
estatuto de la Junta de Gobierno, que se refiere al Ejercicio de los Poderes
Constituyente y Legislativo que: “La Junta de Gobierno ejerce, mediante
decretos leyes, el Poder Constituyente y el Poder Legislativo, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en este Estatuto y en los preceptos legales
que lo complementen. Dichos decretos leyes deben llevar la firma de
todos sus miembros, y cuando éstos lo estimen conveniente, la de él o los
Ministros respectivos”. Y su art. 5°: La decisión de legislar compete exclusivamente
a la Junta de Gobierno y la iniciativa para proponer suplementos
a partidas o ítem de la Ley General de Presupuestos; para alterar la división
política o administrativa del país; para suprimir, reducir o condonar
impuestos o contribuciones de cualquier clase, sus intereses o sanciones,
postergar o consolidar su pago y establecer exenciones tributarias totales
o parciales; para crear nuevos servicios públicos o empleos rentados; para
fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del
personal de los servicios de la administración del Estado, tanto central
como descentralizada; para fijar los sueldos o salarios mínimos de los tra-
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