El lenguaje en las ciencias, el derecho y las bellas artes

Juan Colombo Campbell
que precisan que el gobierno de Chile es popular y representativo; que
la República es una e indivisible y que, tal como se mantiene en la actual
Carta Política, la soberanía reside esencialmente en la nación, que delega
su ejercicio en las autoridades que establece esta Constitución. Establece
que “la religión de la República de Chile es la Católica, Apostólica, Romana;
con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra”. Esta norma
causará a futuro grandes controversias.
Incorpora al lenguaje de la Constitución la expresión: “ciudadanos activos
con derecho a sufragio”, a los que exige: edad de 25 años, si son
solteros, y de 21, si son casados, debiendo cumplir, además, los requisitos
de tener una propiedad “inmoble” de cierto valor, o el ejercicio de una
industria, arte o empleo que le produzca una renta importante. Para gozar
del derecho a sufragio deberá estar inscrito en el Registro de Electores de
la Municipalidad a que pertenezca. Curiosamente, se suspende la ciudadanía
por ineptitud física o moral que impida obrar libre y reflexivamente;
por la condición de sirviente doméstico; por la calidad de deudor al Fisco
constituido en mora y por hallarse procesado como reo de delito que merezca
pena aflictiva o infamante.
En segundo lugar, contiene normas sobre Derecho Público y se refiere
al Congreso Nacional, compuesto de dos cámaras, una de diputados y
otra de senadores, con garantías especiales, origen de las que hasta hoy
mantienen.
Luego trata de la Formación de las Leyes, precisando que el Congreso
abrirá sus sesiones ordinarias el día 1º de junio de cada año y las cerrará el
1º de septiembre. Se establece una Comisión Conservadora, cuya función
fundamental será la de “velar sobre la observancia de la Constitución y de
las leyes”.
Crea el Consejo de Estado, con carácter de consultivo.
Se regula el gobierno y administración interior. Se plantea que la educación
pública es una atención preferente del gobierno, estableciéndose
una Superintendencia de Educación Pública.
Destina el capítulo 8º a la Administración de Justicia, señalando que “la
facultad de juzgar las causas civiles i criminales pertenece esclusivamente
a los tribunales establecidos por la lei. Ni el congreso, ni el Presidente de
la República pueden, en ningún caso, ejercer funciones judiciales o avocarse
causas pendientes, o hacer revivir procesos fenecidos”. Esta norma,
con leves modificaciones, se encuentra vigente. El mismo capítulo delega
en una ley la determinación de la organización y atribuciones de todos los
tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración
de justicia en todo el territorio de la República, la que, igualmente, señalará
qué magistratura ejercerá la superintendencia directiva, correccional y
económica sobre todos los tribunales de la República. Fija normas precisas
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