El lenguaje en las ciencias, el derecho y las bellas artes

Juan Colombo Campbell
El régimen legislativo y la facultad del presidente de la República se
limitan y perfeccionan.
Debe destacarse el capítulo VII, relativo al poder judicial, porque emplea
un lenguaje preciso, incorporándole elementos procesales que aún se
mantienen en plena vigencia.
En efecto, en esta función el uso del lenguaje cambia para reflejar los
nuevos conceptos, sustituyéndose el nombre del capítulo, que antes se denominó
“de la administración de justicia” por el de “poder judicial”, consolidándose
así las bases fundantes de su organización y generación.
Finalmente, deseo en esta parte destacar que la Constitución, en su art.
87, estableció una norma programática, ordenándose que en Chile habrá
Tribunales Administrativos, los que nunca se crearon.
En realidad, el lenguaje de esta Carta es en todo similar a la de 1833. No
obstante, se perfeccionan y como tales destacan sus precisas normas sobre
el Estado, el gobierno, la soberanía, la nacionalidad y los ciudadanos; las garantías
constitucionales en el orden público procesal y civil, y la ley de presupuestos;
se refuerza al poder judicial incorporándole el recurso de queja. Se
le otorga plenamente a la Corte Suprema el control de constitucionalidad
de las leyes mediante el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Destina un capítulo para reglamentar la reforma de la Constitución.
Posteriormente, por la vía de las reformas constitucionales se incluyó
en su texto a la Contraloría General de la República; además, la garantía
del derecho de propiedad se limita para permitir la reforma agraria y se
crea durante el gobierno del presidente Frei Montalva el Tribunal Constitucional,
fijándole su organización y competencia.
Finalmente, faculta al presidente de la República para consultar a los
ciudadanos, mediante un plebiscito, cuando un proyecto de reforma constitucional
presentado por él sea rechazado totalmente por el Congreso,
en cualquier estado de su tramitación. Igual convocatoria podrá efectuar
cuando el Congreso haya rechazado total o parcialmente las observaciones
que hubiere formulado, sea que el proyecto haya sido iniciado por mensaje
o moción.
Sin embargo, esta facultad no podrá ejercerla respecto de reformas
constitucionales que tengan por objeto modificar las normas sobre plebiscito
prescritas en este artículo.
En septiembre de 1973 cambia el lenguaje tradicional de la Constitución
y, si bien se mantiene la vigencia de la Carta del 25, el entendido que
precisa el art. 3º del DL Nº 1 que dispone: “Declaran que la Junta, en el
ejercicio de su misión, garantizará la plena eficacia de las atribuciones del
Poder Judicial y respetará la Constitución y las leyes de la República, en
la medida en que la actual situación del país lo permitan, para el mejor
cumplimiento de los postulados que ella se propone”.
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