El lenguaje en las ciencias, el derecho y las bellas artes

Lenguaje de las constituciones políticas en la República de Chile
para la observancia y reforma de la Constitución, para lo cual exige altos
y especiales quórums.
Como observación final, puede decirse que esta Constitución es la que,
en su esencia y con sus naturales adecuaciones, rige hasta la fecha.
Como consecuencia de todo lo ocurrido entre 1833 y 1925, en este
último año se modifica la Constitución del 33, dictándose la de 1925 que
rige con modificaciones hasta 1973.
El presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, en un preciso
lenguaje, expresa, refiriéndose a Constitución de 1925: “Por cuanto la voluntad
soberana de la Nación, solemnemente manifestada en el plebiscito
verificado el 30 de agosto último, ha acordado reformar la Constitución
Política promulgada el 25 de mayo de 1833 y sus modificaciones posteriores
e INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO, ordeno
que se promulgue la siguiente, como la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA REPÚBLICA DE CHILE”.
El proyecto constitucional, estudiado por grandes juristas de la época,
dirigidos por José Maza, ministro de Justicia, y con la participación directa
del presidente Alessandri, incorporó los conceptos contemplados por el
derecho público, en fuerte expansión en dicho periodo histórico.
Se introduce al lenguaje constitucional el concepto de “soberanía nacional”,
cuyo ejercicio en ambas constituciones se les entrega a las autoridades
que la Constitución establece. Destaca el Cap. III, que consagra
como tales a las garantías constitucionales que se amplían, se precisan y
perfeccionan en el texto de su art. 10.
Entre las garantías que privilegia, en el Nº 1 inciso 2º expresa: “En Chile
no hai esclavos, y el que pise su territorio, queda libre. No puede hacerse
este tráfico por chilenos. El estranjero que lo hiciere, no puede habitar
en Chile, ni nacionalizarse en la República”. Lo introduce reiterando lo
dispuesto en el art. 11 de la Carta de 1828.
La Constitución incorpora a su lenguaje el concepto de libertad de
cultos en su numeral 3º.
Se enfatiza el derecho a la educación pública y se reitera que “habrá
una Superintendencia de Educación Pública, a cuyo cargo estará la inspección
de la enseñanza nacional y su dirección, bajo la autoridad del
Gobierno”.
El Nº 10, con un lenguaje poco claro, consagra el derecho de propiedad
de las personas, que luego se verá modificado para realizar las reformas
minera y agraria.
Se contiene un paquete de garantías procesales, entre ellas la del debido
proceso, pero en un lenguaje tímido, como se lee en el art. 11.
Se contempla la acción de amparo en su art. 16, delegando la decisión
del tribunal competente en el legislador.
Anales del Instituto de Chile. Estudios 2012 67
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