El lenguaje en las ciencias, el derecho y las bellas artes

Juan Colombo Campbell
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes
de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones
que determine la ley.
Art. 7º.- Los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura
regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que
prescriba la ley.
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad
o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud
de la Constitución o las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades
y sanciones que la ley señale.
Estas disposiciones se encuentran hoy completamente protegidas por
las atribuciones que el art. 81 entregaba al Tribunal Constitucional, hoy
art. 86 del texto vigente.
También es importante observar que se precisan los derechos y deberes
constitucionales en el art. 19, destacándose el derecho a la vida y a la integridad
física y psíquica de las personas, y la protección de la vida del que
está por nacer, limitándose la procedencia de la pena de muerte.
En mi opinión, se avanza en el principio de la igual protección de la
ley en el ejercicio de sus derechos, al incorporarse normas relativas al debido
proceso, pero debe señalarse que son más formales que esenciales y
que, establecido tímidamente este derecho procesal, no se incorpora en
plenitud al sistema judicial constitucional, como lo hace la Constitución
española al incorporar el concepto de “tutela judicial efectiva”.
Las áreas de derecho de propiedad y de lo que hoy se denomina “derecho
constitucional económico” están claramente garantizadas y protegidas
jurisdiccionalmente.
Por último, destaca por su trascendencia el contenido del art. 19
Nº 26, que incorpora con un lenguaje preciso una nueva garantía, al consignar
que “la Constitución asegura a todas las personas la seguridad que
los preceptos legales que, por mandato de la Constitución, regulen o complementen
las garantías que ésta establece, o que las limiten en los casos
en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni
imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.
Me exime de comentar extensamente la Constitución vigente la abundante
literatura existente, entre la que deseo destacar la obra de mi estimado
amigo José Luis Cea Egaña, “Derecho Constitucional Chileno”, y la
introducción que escribiera para la obra “Reforma Constitucional”, en la
que expresa: “La Constitución, en una sociedad democrática, ha de ser
una expresión de la voluntad del pueblo constituido como comunidad
política, de la voluntad de la Nación, única titular de la soberanía; por
72 Anales del Instituto de Chile. Estudios 2012
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