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También en el Imperio hizo valer Bonifacio su autoridad cuando el inepto emperador Adolfo de Nassau fue depuesto
por un grupo de nobles, quienes eligieron en su lugar a Alberto de Austria. Poco después, cerca de Worms, los dos rivales
se enfrentaron en el campo de batalla, y Adolfo de Nassau fue muerto. Bonifacio consideró todo esto un doble crimen
de rebelión y regicidio, y se negó a ratificar la elección de Alberto, o a coronarlo emperador. Durante los primeros años
del pontificado de Bonifacio, Alberto pudo hacer poco contra él, y se vio obligado a tratar de reconciliarse con un enemigo
al parecer poderosísimo. Pero Bonifacio se mostraba inflexible en lo que decía ser la causa de la justicia.
Empero la principal preocupación política del nuevo papa fue la reconciliación entre Francia e Inglaterra. Sus esfuerzos
en ese sentido se vieron al principio coronados con su más alto triunfo; mas a la postre fueron la causa de su caída.
Cuando Bonifacio fue electo en 1294 (mucho antes de la guerra de los Cien Años que hemos narrado en el capítulo
anterior), Francia e Inglaterra estaban a punto de declararse la guerra. Mediante un subterfugio, el rey de Francia, Felipe
IV el Hermoso, se había apoderado de la Guyena, propiedad hereditaria de Eduardo I de Inglaterra. En respuesta, ste
último, que en sus posesiones francesas era vasallo de Felipe, se declaró en rebeldía, y apoyó económicamente a Adolfo
de Nassau y al conde de Flandes, enemigos de Felipe. Por su parte, el rey de Francia le prestó ayuda a la resistencia
que los escoceses le oponían a Eduardo.
En tales circunstancias, Bonifacio envió sus legados a la corte de Inglaterra, con el fin de obligar a Eduardo a establecer
negociaciones con Felipe. Cuando Eduardo puso reparos, el Papa sencillamente les ordenó a ambos soberanos
que observaran un armisticio, primero de un año, y luego de tres. A Adolfo de Nassau, que todavía reinaba y era aliado
de Eduardo, Bonifacio le envió órdenes semejantes. Pero tanto Eduardo como Felipe continuaron sus preparativos bélicos,
sin prestarle gran atención al mandato papal. En vista del poco caso que los monarcas le hacían, Bonifacio decidió
obstaculizar sus empresas. Tanto Eduardo como Felipe tenían necesidad de amplios fondos para cubrir los gastos de
sus campañas militares, y para comprar el apoyo de sus aliados. En ambos reinos existía la ficción de que las propiedades
eclesisticas estaban exentas de impuestos. Pero tanto en Inglaterra como en Francia la corona había descubierto
modos de burlar esa norma, por lo general exigiendo contribuciones “voluntarias” del clero. Tales contribuciones se hacían
mucho más necesarias ante la amenaza de guerra. Pero al mismo tiempo le resultaban odiosas al clero, que se veía
despojado de uno de sus más preciados privilegios. Luego, en un intento de proteger las propiedades de la iglesia, ganarse
la simpatía del clero, y obstaculizar la política bélica de Eduardo y Felipe, Bonifacio promulgó en 1296 la bula Clericis
laicos, que citamos a continuación:
Los tiempos antiguos muestran que los laicos siempre han sido enemigos del clero; y la experiencia de los tiempos presentes
lo confirma, pues los laicos, insatisfechos con sus limitaciones, pretenden alcanzar lo que les está prohibido y se
dedican abiertamente a buscar ganancias que les son ilícitas.[Vol. 1, Page 478]
No admiten prudentemente que les es negado todo dominio sobre el clero, así como sobre toda persona eclesiástica
y sus propiedades, sino que les imponen cargas onerosas a los prelados, a las iglesias, y a las personas eclesiásticas . .
.
Y, nos duele decirlo, ciertos prelados y personas eclesiásticas, [...] temiendo más a la soberanía temporal que a la
eclesiástica, [...] admiten tales abusos. [...] Por lo tanto, para detener esas prácticas inicuas [...] declaramos que cualesquiera
prelados o personas eclesiásticas [...] paguen o prometan pagar [...] y cualesquiera emperadores, reyes, príncipes
[...] o persona alguna, no importa su rango [...] impongan, requieran o reciban tales pagos [...] se encuentran automáticamente,
por su propia acción, bajo sentencia de excomunión .
La respuesta de los reyes no se hizo esperar. Eduardo declaró que, puesto que el clero estaba exento de toda contribución
al estado, quedaba fuera de toda protección de la ley, y los tribunales de justicia les estaban vedados. Acto
seguido ordenó que a los clérigos les fueran arrebatados sus mejores caballos, y que no se admitieran sus protestas
ante los tribunales. Naturalmente, esto no era más que una primera indicación de la difícil situación en que el clero se
encontraba, y resultaba claro que, de no obtener los fondos necesarios, Eduardo tomaría medidas más extremas. Pronto
casi todo el clero, con la notable excepción del Arzobispo de Canterbury, decidió otorgarle al Rey la cantidad requerida,
acudiendo al subterfugio de no dársela directamente, sino colocarla en un fondo que quedaba a disposición de la corona
“en caso de emergencia”, y estipulando que era el Rey quien tenía autoridad para determinar cuándo una situación cualquiera
presentaba tal emergencia.
La respuesta de Felipe fue más directa y extrema. Un edicto real prohibió toda exportación de moneda, metales preciosos,
caballos, armas o cualquier otro objeto de valor, sin la autorización expresa del Rey. Otro prohibió que se utilizaran
los bancos e instrumentos de crédito para exportar riqueza alguna. La intención clara de estos dos edictos era privar
al Papa de todo ingreso procedente de Francia. Pero el Rey se aseguró de dictar medidas al parecer generales, que
colocaban en sus propias manos la decisión con respecto a toda exportación, y que por tanto podían ser aplicadas o no,
según la conveniencia del momento. En esto se dejaba llevar por dos de sus principales consejeros, que se contaban
entre los más distinguidos juristas de la época, Pedro Flotte y Guillermo de Nogaret. El resultado fue una larga y compli-