Informe completo - Asociación de Investigación y Estudios Sociales

Factibilidad y viabilidad de constituiruna plataforma de acción social coninstituciones atingentes a losderechos humanos en guatemala 1Jorge Alejandro Batres QuevedoIntroducciónpartir del retiro de la Misión deA Verificación de las Naciones Unidaspara Guatemala (MINUGUA), en el año2003, la sociedad civil guatemalteca y lacomunidad internacional han manifestadosu preocupación por la situación delos derechos humanos en el país; el retirode MINUGUA puso en evidencia lafalta de madurez del movimiento de losderechos humanos en Guatemala, e hizopública la necesidad de hacer un altoen el camino y evaluar profundamentecuál ha sido el papel que ha jugado lasociedad civil y el Estado en materiade derechos humanos, por lo menos apartir de la firma de los Acuerdos de Paz,cuando se abre un espacio “oficial” parasu discusión.En el marco de esta discusión, en elpresente informe se describen y analizanlas orientaciones que están sustentandoy guiando las prácticas de derechos humanosde las organizaciones atingentesal tema, a fin de buscar en esta información,luces para articular y fortalecerlos esfuerzos dispersos ya iniciados;presumimos que en la medida como seidentifiquen orientaciones comunes ypor qué no decirlo, evolucionadas desdeprácticas específicas, se facilitará laconsolidación de frentes aglutinantes,que permitan en el corto plazo un mayoravance e incidencia.Cuando en este informe nos referimosa factibilidad, estamos connotandola solidez de la lucha por los derechoshumanos en Guatemala, orientada y dirigidapor temas comunes o diversos; laviabilidad se evalúa desde la disposiciónde los actores principales por reunirse alrededorde iniciativas que les sean afines,disposición que estará condicionada por1 Este es el informe final correspondiente a la investigación realizada por el autor, gracias al Proyecto Regionalde “Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroamérica” a través delInstituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –IDHUSAC– y del Instituto deInvestigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar –IIJ/URL–.–175–