Construcción-de-un-Estado-democrático-para-el-Buen-Vivir

42Franklin Ramírez GallegosPresidencia de la República, ha facilitado dicho empeño. A pesardel carácter descentralizado y participativo del proceso de planificación,el Gobierno central concentra un amplio margen decisionalpara fijar la agenda pública y asignar los recursos correspondientes.La planificación nacional es de hecho, según laConstitución, una competencia exclusiva del Estado central. Taltarea se ve reforzada por la nueva prescripción de vincular planificacióne inversión pública y por la apertura de una Cuenta Únicadel Tesoro Nacional. En el pasado, las cartas de intención con labanca internacional y la capacidad de negociación de ministerios,agencias y corporaciones imprimían la pauta de la asignacióndel presupuesto mientras que la multiplicación de cuentas,fondos y pre-asignaciones a determinados sectores y programasrestringían el control y el margen de maniobra del gobierno centralsobre los recursos fiscales. La expedición del Código Orgánicode Planificación y Finanzas Públicas ha sido un recurso defundamental relevancia para reorganizar las cuentas nacionales yrecomponer el poder de conducción del gobierno central sobre elproceso de planificación. Dicho Código amplía los instrumentospresupuestarios de acción pública y desmonta las sinuosas regulacionesencaminadas en décadas pasadas 22 , bajo el credo dela austeridad fiscal, para reducir el dinamismo del gasto públicoa su mínima expresión. Así, la recuperación de la capacidad deplanificación del Estado ha ido de la mano con la centralidad dela inversión pública como motor del desarrollo nacional 23 . Ambosfactores elevan las opciones del poder civil para gobernar el conjuntode la agenda pública.2. El poder ministerial. Más allá de la especificidad de la arquitecturainstitucional diseñada por la agenda de reforma estatal,una de sus significativas consecuencias políticas ha sido recolocara los Ministerios como rectores de la agenda de políticapública en los campos de su incumbencia. Se trata de la dimensiónorganizacional del aumento de autonomía decisional delgobierno civil. Aquello contrasta con la previa implantación deun conjunto de agencias, consejos, comisiones y unidades degestión que aún si estaban adscritas a la Presidencia guardabanpara sí un considerable margen de control sobre segmentosneurálgicos de la agenda pública. Muchas de estas instanciasfueron creadas como parte de proyectos financiados por laBanca Multilateral de Desarrollo con el específico fin de sortearla injerencia burocrática de los ministerios en programas decisivospara el avance del ajuste estructural. La eliminación de esta22 Por ejemplo se derogaron la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y otrasregulaciones que colocaban rígidos límites al gasto y al endeudamiento público y que suponían la existencia defondos de estabilización colocados en la banca internacional a fin de recomprar deuda (uno de tales fondos, elFEIREP, destinaba el 70% de los recursos allí colocados a la recompra de los papeles de deuda) y guardar lasreservas públicas para hacer frente a eventuales choques externos.23 Entre 2007 y 2011 la participación de la inversión pública como porcentaje del PIB creció en promedio hasta el11,7%, es decir, más del doble que en el ciclo 2001-2006 (5,4%).