Juventudes latinoamericanas

Pedro Núñez, Melina Vázquez y Pablo Vommaro
A modo de ejemplo, se puede hacer referencia a la incorporación,
por parte de los funcionarios y también en los documentos oficiales,
de una revalorización de la importancia de diseñar e implementar políticas
desde aquello que la literatura caracteriza como enfoque de
derechos. Esto es, reconocer a los jóvenes no ya como beneficiarios
de políticas sociales, sino como participantes con derecho a las prestaciones
ofrecidas y promover la participación de las juventudes en la
implementación de los programas.
Como se mencionó al inicio del artículo, este énfasis en la participación
parece ser un rasgo distintivo de las políticas públicas luego
de 2007 en la Argentina. Esto puede tener que ver con ciertos cambios
sucedidos en el Estados luego de 2003; a la vez que con una característica
de la sociedad argentina que no sólo tiene redes asociativas relativamente
densas y perdurables; sino que la misma sociedad que se
concibe a sí misma como más participativa que otras, aunque desde
ya esto no se presenta del mismo modo en las distintas regiones del
país y en diferentes sectores sociales. En ambas políticas se reconoce
la importancia de esta dimensión participativa, como también la centralidad
de la concepción de los y las jóvenes como sujetos de derechos
(no sólo como beneficiarios), aspectos que no eran considerados
prioritarios en las políticas implementadas en los años noventa.
Asimismo, su carácter reciente y posiblemente la relativamente
breve duración de ambas líneas de acción (las dos concluyeron por
distintos motivos entre fines de 2013 e inicios de 2014), lleva a interrogarse
por el alcance de lo que pudiera ser un cambio en la perspectiva
predominante para el impulso de políticas de juventud. Es decir,
preguntarse si efectivamente nos hallamos ante un cambio de coyuntura
que pareciera impulsar otros paradigmas y entramados institucionales
que hacen hincapié en los derechos y la participación de las
juventues. Pero aún resta mucho camino por recorrer. Este ha sido un
trabajo exploratorio y sería necesario profundizar las investigaciones
para poder evaluar, por un lado, en qué medida este cambio paradigmático
e institucional redunda en que la perspectiva de los sujetos
involucrados sea reconocida y legitimada y, por otro, si los jóvenes
reconocen que sus intereses, necesidades y puntos de vista se encuentran
lo suficientemente contenidos o expresados en dichas políticas.
Por otra parte, es posible trazar algunos ejes que permitan poner
en relación ambas políticas aquí analizadas en relación con sus limitaciones,
fortalezas y tensiones.
En primer lugar, tanto el dispositivo Organizarnos para Transformar
como el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo permiten
identificar algunas tensiones institucionales que dificultan la implementación
de políticas públicas integrales. Por un lado, se identifi-
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