Juventudes latinoamericanas

María Isabel Domínguez García, Idania Rego Espinosa y Claudia Castilla García
social en muchos casos se hace desde políticas asistencialistas o desde
lógicas consumistas, la experiencia de Cuba puede ser un buen ejemplo
para hacer que su integración social sea algo más que “la ilusión
de la inclusión” (Escobar y Mendoza, 2005:16).
Se ha partido de un modelo de sociedad incluyente, encaminada
al logro de la equidad y la justicia social como presupuestos de partida
de la política del Estado y para cuyo logro han estado diseñadas
las políticas públicas, lo que más allá de aciertos y errores, ha mantenido
al ser humano en el centro de atención. Ello ha conducido a resultados
que se traducen en el elevado Índice de Desarrollo Humano
que ocupa en el concierto de países a nivel mundial, a pesar de su ubicación
socioeconómica en el conjunto de naciones subdesarrolladas:
al finalizar la década de los años noventa – la más difícil en el plano
económico y cuando prácticamente todos sus indicadores sufrieron
afectaciones – Cuba pudo exhibir un Índice de Desarrollo Humano
(IDH) mediano, que la colocó en el lugar 58 a nivel mundial, y en el
15 dentro de 32 países de América Latina (PNUD, 1999). Al inicio de
esta década se situó en el lugar 51 y el quinto lugar en América Latina
(PNUD, 2011).
También se ha traducido en que el país ha cumplimentado los
principales Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por Naciones
Unidas, incluso algunos de ellos antes de que fueran formulados
por este organismo internacional, especialmente aquellos que inciden
de manera directa sobre la población infantil y juvenil (ONE, 2009).
Las políticas públicas han combinado el enfoque universalista
con la perspectiva generacional, al incluir a las juventudes en las políticas
más generales, junto a las diseñadas específicamente para ellas.
Eso ha permitido la continuidad en los efectos de dichas políticas
sin abruptos cortes o rupturas, lo que ha contribuido a garantizar no
solo la integración de los grupos juveniles sino también procesos de
movilidad social ascendente, a la vez que ha favorecido las relaciones
intergeneracionales en el marco de sus aplicaciones.
A partir de la actual década, en el país se ha iniciado un proceso
denominado de actualización del modelo socio-económico que tiene
entre sus direcciones buscar nuevas vías que impulsen el desarrollo
económico sin afectar las garantías sociales, pero ajustándolas a las
posibilidades reales de que dispone la sociedad (PCC, 2011).
En ese marco, los cambios económicos implican cambios en el
funcionamiento social, en la estructura de ocupaciones y por consiguiente
en la estructura y correlación de algunas de las políticas públicas,
todo lo cual tiene incidencia en los mecanismos de integración
social de las juventudes y puede dar lugar a la reconfiguración de nuevos
espacios de vulnerabilidad social.
149