CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

Como avanzábamos en el primer capítulo de este estudio, la regulación es una noción
general y omnicomprensiva de toda una serie de instrumentos que se expresa “tanto
en leyes como en reglamentos y órdenes o actos administrativos producidos en los
diferentes niveles de gobierno o en las organizaciones no gubernamentales o
autorreguladas que tengan poderes reguladores delegados” (OCDE, 1997). Por lo
tanto, bajo la noción de regulación se pueden incluir tanto leyes como otros
instrumentos normativos, actos administrativos e incluso actos informales adoptados
por el Parlamento, el Gobierno o la Administración pública pero, también, por la sociedad
civil, las empresas o entidades asociativas. La noción de regulación incluye instrumentos
muy diversos de ordenación elaborados mediante procedimientos diversos lo cual
puede dificultar nuestro análisis o, cuando menos, hacerlo más complejo.
Sin embargo, no cabe olvidar que la cultura administrativa española se basa en un
alto grado de seguimiento del principio de legalidad y de formalidad y, por tanto, de
seguimiento de los procedimientos establecidos. Por ello, teniendo en cuenta los precedentes
en Catalunya en lo que concierne al análisis de los efectos de las regulaciones
y los objetivos de este trabajo, nos centraremos únicamente en aquellos instrumentos
regulatorios que se pueden incluir bajo la noción de fuentes del derecho, dejando aparte
tanto las decisiones unilaterales adoptadas por la Administración pública en su
aplicación (actos administrativos), como las decisiones bilaterales o contractuales entre
la Administración pública y los ciudadanos, empresas, etc. (contratos administrativos).
A continuación tampoco se hará referencia a la autorregulación, ni a la intervención de
los poderes públicos en la autorregulación, o autorregulación regulada, mediante la cual
la Administración supervisa la actuación privada de aprobación y aplicación de normas
y los controles privados de cumplimiento de estas normas con lo cual se puedan efectivamente
reducir los riesgos generados por quienes se autorregulen (Darnaculleta, 2005).
En todo caso, es preciso decir que algunas de las cuestiones que se plantean a continuación
referidas exclusivamente a las fuentes del derecho y al procedimiento para su
elaboración serán de aplicación a los otros instrumentos de regulación. Esto es
particularmente interesante en un sector como el de la protección ambiental en el
cual, como ha observado la OCDE, la utilización de alternativas a los mecanismos
tradicionales de regulación está más desarrollada (OCDE, 2000b).
Nos centramos, así pues, en el análisis de las fuentes del derecho, o sea, los actos
normativos a los que el ordenamiento jurídico atribuye la virtualidad de producir una
norma jurídica, a todos los efectos, y con vocación de permanencia (Otto, 1987). Como
recordatorio puede decirse que normalmente las normas jurídicas se clasifican en
función de su origen (Parlamento, Gobierno, Administración) lo cual determina su posición
en el ordenamiento jurídico y sus relaciones con otras fuentes.
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