CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

3.1.1.6. Consideraciones finales
No existe en la actualidad en Catalunya un mecanismo de evaluación del impacto regulatorio.
Tampoco existe en el Estado Español, a pesar de que la elaboración del
cuestionario de evaluación de proyectos normativos –pese a su voluntariedad– constituyó
un paso importante en esta dirección. Aun así, la regulación actual del proceso
regulatorio incluye diversos trámites que pueden aportar elementos significativos para
obtener información relevante de este impacto.
Sin embargo, para poder tener éxito en esta línea es preciso avanzar en la educación
y sensibilización de toda la Administración sobre estas cuestiones. La lectura tanto de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo como de la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora
y del Consejo de Estado muestra como en la mayoría de los casos los trámites se cumplen
pese a que su contenido deje mucho que desear. Por tanto, no es tanto una cuestión
de cumplimiento de la legalidad como de sensibilidad de la Administración.
Probablemente, la reforma del proceso regulatorio actual podría facilitar la incorporación
de la evaluación del impacto regulatorio en Catalunya. La competencia autonómica para
regular el proceso regulatorio en Catalunya es, a nuestro entender, título competencial
suficiente para poder incorporar elementos que permitan llevar a cabo la evaluación del
impacto regulatorio. Una muestra es la reciente incorporación al procedimiento regulatorio
catalán de la necesidad de elaborar el ”informe interdepartamental de impacto de
género de las medidas establecidas en la disposición” mediante la reforma de la Ley
13/1989 efectuada por la Ley 4/2001, de 9 de abril, al igual que se ha hecho en el ámbito
estatal mediante la reforma de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, realizada
por la Ley 30/2003, de 13 de octubre.
Una reforma del proceso regulatorio que incluyese la necesidad de llevar a cabo una EIR
podría hacerse bien modificando la regulación actual del procedimiento reglamentario
que establece la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, bien incorporando nuevos
trámites en el procedimiento actualmente vigente. La primera opción podría suponer
un cambio más radical y, por ello mismo, asumido por los diferentes actores que intervienen
en este proceso. El segundo se puede quedar en la simple adición de un nuevo informe
o documento en la tramitación del procedimiento reglamentario sin que tenga un alcance
efectivo en cuanto al conocimiento del impacto de las regulaciones, como ha sucedido,
por ejemplo, con la incorporación de la evaluación del impacto de género.
De todos modos es preciso poner de relieve la necesidad de reflexionar cautelosamente
sobre los trámites que se incorporen al proceso regulatorio. Como afirma Ponce, “no
se trata de acumular trámites aleatoriamente, lo que podría ir en detrimento de la
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