CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

elementos importantes en esta línea. De hecho, la OCDE (2000) manifiesta que
“España está avanzando en la dirección correcta. En concreto, reformas recientes
relativas a los procesos de producción regulatoria y a las políticas de simplificación
administrativa están aumentando la capacidad de la Administración para producir
regulaciones de mayor calidad”. Sin embargo, la misma OCDE observa dos aspectos
de interés sobre las limitaciones de la situación del Estado español (OCDE, 2000):
a) poca capacidad para supervisar el cumplimiento de los requerimientos,
b) inexistencia de normas, directrices o pautas que guien la elaboración de las
regulaciones.
Estas carencias que la OCDE destaca respecto al procedimiento reglamentario a nivel
estatal son totalmente trasladables al ámbito catalán. A pesar de que algunos de los
trámites que conforman el proceso regulatorio en Catalunya puedan aportar elementos
destinados a mejorar la comprensión de los pros y contras de la acción gubernamental,
no parece posible poder concluir que la forma en que se realicen facilite suficientes
elementos al decisor sobre el impacto de las regulaciones que se quieren adoptar.
Para poder tener éxito en esta línea es preciso avanzar en la educación y sensibilización
de toda la Administración sobre estas cuestiones. En la mayoría de los casos los trámites
se cumplen, pero su contenido deja mucho que desear. Por tanto, no es tanto una
cuestión de cumplimiento de la legalidad como de sensibilidad de la Administración.
La competencia autonómica para regular el proceso regulatorio en Catalunya es, a
nuestro entender, título competencial suficiente para poder incorporar elementos que
permitan llevar a cabo la evaluación del impacto regulatorio. Una muestra es la
reciente (2001) incorporación al procedimiento regulatorio catalán de la necesidad
de elaborar el ”informe interdepartamental de impacto de género”.
Una reforma del proceso regulatorio que incluyese la necesidad de llevar a cabo una
EIR podría hacerse bien modificando la regulación actual del procedimiento
reglamentario que establece la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, bien
incorporando nuevos trámites en el procedimiento actualmente vigente. La
primera opción podría suponer un cambio más radical y, por ello mismo, asumido
por los diferentes actores que intervienen en este proceso. El segundo se puede quedar
en la simple adición de un nuevo informe o documento en la tramitación del
procedimiento reglamentario como ha sucedido, por ejemplo, con la incorporación
de la evaluación del impacto de género. Así pues, al igual que se introdujo la óptica
de la igualdad de género a través del trámite relativo al informe interdepartamental
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