CADS10 Castellano. 2006 - Generalitat de Catalunya

los cuales destacan la justicia y la eficacia real de la actividad administrativa” (STC
102/1995, de 26 de junio).
A pesar de ello, tanto el art. 105 de la Constitución como su desarrollo anterior
(Ley de Procedimiento Administrativo de 1958) 47 y posterior (Ley 50/1997, del Gobierno
y Ley catalana 13/1989), han sido objeto de una amplia y larga polémica. En particular,
en numerosas sentencias se ha discutido sobre si este trámite era preceptivo en
la tramitación de cualquier procedimiento o la consulta a las entidades interesadas
era discrecional y, por tanto, en cada procedimiento el órgano competente podía
decidir si se realizaba este trámite o no, y respecto a su extensión, esto es, quién
tenía que participar en el procedimiento de elaboración de los reglamentos.
Sin embargo, y después de una vacilante jurisprudencia, el Tribunal Supremo,
interpretando la regulación de este trámite a nivel estatal establecida en la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958, consideró que este trámite era preceptivo.
Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1988 estableció de manera
definitiva la postura del alto tribunal en esta materia al afirmar que el carácter preceptivo
de este trámite se corrobora atendiendo a la finalidad del procedimiento establecido
para elaborar las disposiciones de carácter general, o sea, garantizar su legalidad,
acierto y oportunidad. Esta sentencia ha sido confirmada posteriormente también
en cuanto al procedimiento de elaboración de los reglamentos en Catalunya
(STS de 7 de marzo de 1990 y de 27 de julio de 1990).
En Catalunya esta doctrina también ha sido mantenida por la Comisión Jurídica
Asesora, órgano consultivo del gobierno, negando el carácter discrecional del trámite
de audiencia como se podría desprender de una lectura superficial del art. 64 de
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, ya que éste está destinado a asegurar la legalidad
y la oportunidad de la norma proyectada (Dictamen 227/1998). Además, la
misma comisión destaca que este trámite ha de garantizar una amplia participación.
Así, por ejemplo, en el dictamen 227/1998 considera “que no estima suficiente
la intervención de la Junta de Residuos, que incluye la representación de algunos
sectores económicos, empresariales o sindicales”, o el dictamen 365/1998 donde
se afirma que “la intervención del Consejo del Trabajo, Económico y Social de Catalunya
no es suficiente para dejar de dar audiencia a las otras entidades representativas
de intereses económicos y sociales”.
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Hasta el año 1997, el procedimiento estatal de regulación de las disposiciones de carácter general se
recogía en los artículos 129 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958.
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